1 de febrero de 2005

1 de febrero de 2005

La Fiscalía pidió la detención e indagatoria de 15 ex agentes del Servicio Penitenciario
Se trata del ex jefe del SPB Fernando Guillén, el ex director de la Unidad 9 Abel Dupuy y el ex agente Ramón “Manchado” Fernández, además de otros 12 represores del Servicio que actuaron en esa cárcel y en el centro clandestino “La Cacha”. El fiscal Franco le imputa hasta 44 casos al grupo de la U9 y 172 casos al conjunto de represores del campo que funcionó en Lisandro Olmos.

LA PLATA.- La Unidad Fiscal Federal que investiga los crímenes del Terrorismo de Estado pidió hoy la detención e indagatoria de 15 represores del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el marco de dos expedientes que investigan los delitos cometidos en la Unidad Penal Nº 9 de esta ciudad y en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.

Los escritos, firmados por el fiscal federal Sergio Franco y presentados ante el juez Humberto Blanco, incluyen al ex titular del SPB durante la dictadura, Fernando Guillén, a dos ex jefes de la U9 —los prefectos Abel David Dupuy y René Jacinto Parenti— y al agente Ramón “Manchado” Fernández, señalado como torturador por los ex detenidos del penal. También se imputa a otros siete agentes penitenciarios de esa cárcel, y a cuatro que actuaron en “La Cacha”.

En la presentación correspondiente a la U9, Franco consideró a los once represores responsables “prima facie” de decenas de casos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidios de detenidos ilegales alojados en esa cárcel durante la última dictadura cívico-militar (ver recuadro).

La APDH La Plata ya había pedido al juez Blanco, en agosto del 2004, que detenga e indague a Dupuy y a Fernández, sin obtener respuesta. Hoy, la Fiscalía adhirió a esa solicitud y la amplió, agregando a otros nueve represores: el coronel Fernando A. Guillén (ex titular del SPB), René Jacinto Parenti (quien precedió a Dupuy en la jefatura del penal), los agentes Raúl Aníbal Rebaynera, Raúl Ceferino Videla y Catalino Morel y los médicos Raúl Oscar Ferrer, Jesús Lorenzo Herrera, Enrique Leandro Corsi y Carlos Domingo Jurio.

El fiscal Franco consideró en su solicitud que “el Estado Terrorista funcionó con aceitados mecanismos de conexión entre las fuerzas de seguridad y, en este esquema, no puede ignorarse la conexión del Servicio Penitenciario Bonaerense con las autoridades militares”.

Para fundamentar la imputación del ex jefe del SPB como autor mediato de los delitos cometidos en el penal, el fiscal sostuvo que “Guillén no pudo desconocer la situación existente en la Unidad 9, mucho más cuando esta última era, para esa época, un conspicuo centro de detenidos políticos, con sede en la misma ciudad en la que se encuentra ubicada la Jefatura del Servicio”.

Y añadió: “Esto significa que, de manera similar a Dupuy y Parenti, para que se cometieran todos los delitos señalados, Guillén debió haber prestado su asentimiento o al menos no haberse opuesto a ello”. Guillén, coronel del Ejército Argentino, fue jefe del SPB mientras duró la dictadura, desde 1976 hasta 1983.

La Fiscalía aplicó a Guillén el mismo criterio de imputación que a Parenti y Dupuy: “Debido a su grado y ubicación en la cadena de mando, poseía claro dominio sobre los hechos en cuestión, a través del aparato organizado de poder al que pertenecía”. En ese esquema, señaló Franco, “la responsabilidad aumenta a medida que se asciende en la jerarquía”.

Por otra parte, la presentación fiscal imputa también —como autores materiales o partícipes necesarios— a agentes penitenciarios que ejecutaron la política represiva dentro del penal, y a médicos del SPB que prestaban servicios allí.

El pedido de la Fiscalía se apoya en gran medida en las declaraciones testimoniales brindadas en el marco de esta causa penal y en los elementos de prueba reunidos durante las audiencias del “Juicio por la Verdad”, en las que numerosos ex detenidos relataron las condiciones inhumanas de detención que vivieron, las torturas que sufrieron y los numerosos casos de detenidos que eran asesinados a la salida de la cárcel.

Cuatro represores identificados de “La Cacha”

En la segunda presentación, el fiscal Franco pidió la detención de cuatro represores identificados del centro clandestino “La Cacha”, que funcionó en la localidad de Lisandro Olmos durante la dictadura, a quienes acusó de 172 casos de privación ilegítima de la libertad y torturas.

Se trata de los ex agentes penitenciarios Héctor Raúl Acuña (a) “el Oso”, Osvaldo Uset (a) “El Negro”, Víctor Irineo Garay (a) “pájaro” o “pájaro loco” y Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”, quienes fueron identificados en un informe presentado a la Justicia en diciembre pasado por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense y forman parte de un grupo de agentes en cuyos legajos hay constancias de felicitaciones de las Fuerzas Armadas por su accionar en “la lucha antisubversiva”.

El pedido también fue presentado ante el juez Blanco, que tiene en sus manos una causa iniciada por una denuncia del anterior representante delegado del Ministerio Público, Félix Crous, quien estableció en esa presentación el recorrido del denominado “circuito La Plata” de centros clandestinos de detención.

Franco y su equipo de trabajo realizaron un entrecruzamiento de datos entre el informe de la Secretaría de Derechos Humanos y los testimonios de algunos sobrevivientes en el Juicio por la Verdad, todos ex detenidos ilegales de “La Cacha”.

En 11 de esos testimonios aparece mencionado el represor apodado “el Oso”, quien según el informe de la secretaría de Derechos Humanos y una sobreviviente de la represión es Héctor Acuña.

“Los declarantes coincidieron en expresar que, por su voz de mando, parecía que Acuña estaba a cargo del centro clandestino, además de que torturaba personalmente”, indicó Franco en su presentación.

También se identificó en cuatro testimonios al represor “pájaro” o “pájaro loco”, quien fue identificado como el ex agente Víctor Irineo Garay.

Franco imputó tanto a estos dos represores como a Uset y Mac Tier la responsabilidad en la privación ilegal de la libertad y torturas de 172 prisioneros de “La Cacha”, secuestrados en ese lugar entre 1976 y 1978.

El fiscal se basó en un trabajo de recopilación de datos de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, que identificó con nombre y apellido a un total de 125 prisioneros, mientras que de otras 47 personas se conoce el apodo o alguna referencia física.

“La lectura de los testimonios de los sobrevivientes revela el hacinamiento de decenas de personas, la falta de higiene y aseo, la falta de alimentación, el abandono de las personas heridas, el aislamiento en el que se encontraban, la situación de desamparo total, la amenaza de que los iban a torturar con picana eléctrica o con cualquier otro método”, reseñó Franco en su presentación.

La fiscalía también realizó un estudio de las calificaciones y felicitaciones que figuran en los legajos de los cuatro represores imputados y de un grupo de otros 21 oficiales, en los que constan reconocimientos de funcionarios de las Fuerzas Armadas por “su participación en la lucha contra la subversión” o en “cursos de lucha antisubversiva”.

En el escrito se consigna que entre todos estos represores existió “algún tipo de relación de los denunciados entre sí, lo cual se ve reforzado por el hecho de que en la sección calificaciones de los legajos personales de cada uno, el calificador suele ser alguno de los denunciados”.

Franco deduce así que los represores, aún cuando en sus legajos figuran destinos diferentes, mantuvieron una relación en los años de la dictadura, lo que supondría su participación en los “grupos de tareas”.

Es llamativo el caso de un subprefecto, Isaac Crespín Miranda, en cuyo legajo figura expresamente el nombre vulgar de las unidades que se encargaban de secuestrar personas:  “Las actividades realizadas por el subprefecto Isaac Crespín Miranda, en el grupo de tareas hasta el presente, merecen el concepto de sobresaliente, demostrando dedicación e iniciativa”, consigna Franco, al transcribir una felicitación en el legajo del represor.

Además de los cuatro pedidos de detención e indagatorias, el fiscal pidió al juez Blanco que incorpore a la causa los legajos de los otros 21 ex oficiales, para lograr su identificación.

Los represores del centro “La Cacha” son quienes han pasado más inadvertidos, a pesar de las denuncias de los sobrevivientes: su pertenencia a diferentes grupos —como la Policía, la Marina o el Servicio Penitenciario—, más la total clandestinidad de sus operaciones, ha permitido que hasta hoy permanezcan en el más estricto anonimato.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata es una organización no gubernamental cuyos objetivos son: Defender los Derechos Humanos en su acepción más amplia, contribuir a su enseñanza y a su difusión, dotar a esta temática de sólidos fundamentos jurídicos y académicos con una clara visión de futuro mediante la investigación y la docencia. Llevar adelante los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro pueblo. Llevar adelante el Juicio por la verdad, iniciado junto a otros organismos y particulares en 1998 ante la Cámara Federal de La Plata y a las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad.

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