Miércoles 13 de junio de 2001

Miércoles 13 de junio de 2001

Más ex detenidos de la U9 hablan de asesinatos a la salida de la cárcel
“No queríamos que se concretara la libertad porque el peligro era más alto”, dijo uno de ellos, que sufrió la desaparición de tres miembros de su familia mientras estaba preso.

Por Francisco Martínez y Vanina Wiman
(Secretaría de Prensa)



Alberto Calvo, con su legajo del Servicio Penitenciario (Foto: FM)

LA PLATA.- Tres ex detenidos de la Unidad 9 de La Plata relataron en el “Juicio por la Verdad” lo que sucedía en esa cárcel luego de que los presos, detenidos antes y después del comienzo del último golpe de Estado, fueran liberados.

Ante la Cámara Federal de La Plata declararon Alberto Calvo, Alberto Elizalde -cuya madre y hermanos fueron secuestrados mientras realizaban gestiones por su liberación- y Julio Mogordoy.

Alberto Calvo contó que fue detenido en Zárate el 27 de marzo de 1976, y que los primeros cuatro días los pasó en un calabozo de la comisaría de esa localidad. “Era tratado como si fuera un criminal peligroso”, aseguró.

El testigo afirmó que posteriormente fue trasladado al buque “Murature”, “en donde empezaron los interrogatorios y las torturas”, y luego al centro clandestino “El Tolueno”, que funcionaba en una fábrica militar de esa zona. Es decir, tuvo el mismo recorrido que el ex detenido José María Iglesias, según el testimonio que brindó hace dos semanas.

Calvo dijo que en “El Tolueno” estuvo detenido junto a otras personas en el interior de un tanque vacío. “Como tenía restos del material con el que se preparaban los pegamentos -relató-, todos estuvimos medio drogados por unos días”.

Después fue llevado al Tiro Federal de Campana, donde dijo que se hacían simulacros de fusilamiento, y más tarde a una comisaría de Moreno. Calvo vivió todos estos traslados junto a otro grupo de personas de Zárate, entre los que mencionó a Eduardo París, Marcelino López, Luis Comaqui y un colectivero de apellido Juárez.

Calvo dijo que nunca fue torturado con picana pero que sí recibió otro tipo de torturas, por lo que lo llevaron al Hospital Militar de Campo de Mayo a curarse. “En ese lugar estuvimos quince días, siempre sin poder sacarnos las vendas”, señaló el ex detenido. Afirmó que allí escuchó a un guardia decir: “A uno por mil, van a ser treinta mil”.

En ese lugar, Calvo estuvo con el abogado Juan Carlos Deghi, en cuya causa por su asesinato la Cámara viene investigando los secuestros ocurridos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El ex detenido precisó que entre el 1 y el 2 de mayo de 1976 partieron de Campo de Mayo tres camiones con detenidos que fueron a parar a la Unidad 9 de La Plata, a la cárcel de Devoto y a la unidad penitenciaria de Sierra Chica.

“Esa división la hicieron según la presunta peligrosidad que ellos establecían”, explicó el testigo, y agregó: “Nosotros éramos perejiles”.

Calvo dijo que lo llevaron a la U9 de La Plata, y que él y las otras personas fueron las primeras en llegar de otra ciudad que no fuera la capital bonaerense. Después, aseguró, empezaron a llegar detenidos de distintos puntos del país.

Asimismo, el testigo recordó que en la U9 ya había presos políticos antes del ’76 y que a fines de ese año el Ejército “copó” las instalaciones. Recordó un episodio en el que se enteró que el jefe de Policía, Ramón Camps, concurrió personalmente a la cárcel a pegarle a los detenidos.

También dijo que entre los presos había un chico de apellido Barreto que murió en el calabozo de castigo, y un joven detenido en un tren en Entre Ríos “por colado”.

Durante su extensa declaración, Alberto Calvo habló también del asesinato de Juan Carlos Deghi, ocurrido horas después de ser liberado de la U9 en la noche del 20 de marzo de 1978.

“En la cárcel habíamos escuchado que a algunas liberaciones les seguía un nuevo secuestro y desaparición”, rememoró Calvo y agregó que presintió que eso le pasaría a Deghi. El cuerpo sin vida del abogado fue encontrado dos días después de su liberación, en el kilómetro 20 de la ruta 36.

Calvo señaló que Deghi “tenía demasiados enemigos” en Zárate y que “es muy posible que también molestara a algunos sectores económicos”. Explicó que el abogado había ayudado a fundar más de 10 cooperativas en su ciudad y que tiempo antes de su detención se había denunciado el robo de dos camiones de zinc de la cooperativa “Meteoro”.

El testigo explicó que la denuncia la hizo Mario Giménez, ya fallecido, quien dijo que los camiones habían sido robados por gente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). “Y yo no lo creí. El zinc es algo molesto y difícil de robar. Claro que esa fábrica la controlaba el Ejército, de modo que esas 50 toneladas desaparecieron de personas del Ejército, que debía controlarlo”, aseguró Calvo.

También dijo que “es vox pópuli en Zárate que ese señor (por Giménez) entregó a Deghi”.

Sobre el final del testimonio, el juez Schiffrin le leyó a Calvo su legajo del Servicio Penitenciario en el que sólo se decía que había sido detenido por ser “presunto revoltoso civil”. El Tribunal le exhibió la ficha al testigo y éste reconoció el documento: “Yo recuerdo el día que puse los dedos aquí”, dijo.

Además, los jueces le preguntaron sobre la posibilidad de que haya cuerpos enterrados en el Tiro Federal de Campana, versión revelada por el ex detenido Iglesias. Calvo dijo que volvió una vez a ese lugar y que vio “ciertos hundimientos de tierra” que lo motivaron a sospechar la posibilidad de que eso haya ocurrido.

Familia secuestrada

También declaró hoy Alberto Clodomiro Elizalde, quien tiene desaparecidos a su madre, Delia Avilés, y a sus dos hermanos, Felipe Romualdo y Sofía Inés. El testigo contó que su familia fue secuestrada mientras él se encontraba detenido en la Unidad Penal Nº 9 de La Plata.

Elizalde relató que fue detenido el 6 de septiembre de 1973 “por una causa por el copamiento de un cuartel, y pasé por varias cárceles: Devoto, Caseros, Chaco, Río Gallegos, Rawson, Sierra Chica y la U9”.

El testigo señaló que en esa época los familiares de presos políticos ya sufrían persecuciones y amenazas. “En 1974 mi madre me fue a visitar a Río Gallegos. Le pusieron un arma debajo de la almohada en el hotel y la tuvieron detenida unos días por portación ilegal de armas”, recordó.

“Con el golpe de estado, (las cárceles) se convirtieron en una especie de réplica de los campos de concentración”, expresó Elizalde. Y añadió: “A fines del ’76, me trasladaron de Devoto a la U9, y allí nos recibió un comité de bienvenida que nos hizo desnudar, nos golpeó y nos puso en celdas de castigo”.

La madre y la hermana de Alberto formaban parte, desde 1975, de un comité de familiares de detenidos que hacía gestiones para denunciar las condiciones inhumanas de alojamiento en las cárceles. “La desaparición de mi familia estuvo relacionada con la solidaridad que tenía con los presos políticos, y con el hecho de que eran parientes de uno”, manifestó el testigo.

El 19 de enero de 1977, Delia Avilés visitó a su hijo en la U9. “Quedó en que iba a volver una semana después, pero el 26 de enero no apareció”, contó el ex detenido. Y agregó: “Ella venía siempre con la madre de otro detenido. Después este chico me contó que su mamá había pasado por mi casa a buscarla el 25, pero que encontró la casa vacía, muy revuelta, y con la puerta entreabierta”.

“Tomé conciencia de que los habían secuestrado, pero yo no podía hacer nada desde la cárcel”, dijo Elizalde. El mismo día en que visitó la U9 por última vez, Delia Avilés presentó un recurso de amparo pidiendo mejoras en las condiciones de detención en ese penal. “Evidentemente tuvo resultado muy negativo, porque a los dos o tres días se la llevaron”, comentó el hijo de la desaparecida.

El testigo indicó que hace pocos años pudo contactarse con la propietaria de la casa vecina a la de la familia Elizalde, en Ensenada. “Me dijo que unos hombres se habían llevado a mi madre y mis hermanos, y que al día siguiente, volvieron y se llevaron todo, desde bombitas eléctricas hasta una mesada”, recordó.

“En esos días, también se llevaron a Cristina Constantini, mi novia en ese momento”, aseguró el ex detenido, pero agregó que no tuvo ningún tipo de información sobre su secuestro. Constantini permanece desaparecida.

Añadió el testigo que “en tiempos de democracia mandé desde la cárcel por correspondencia legal pedidos a los juzgados, pero nunca llegaron. Se ve que el Servicio Penitenciario no enviaba esa información a los juzgados”. En 1984, Elizalde presentó ante la CONADEP el caso de la desaparición de sus familiares.

El ex detenido habló sobre su experiencia en la U9. “Bastaba con mirar para un costado en la fila para que a uno lo llevaran a los calabozos y empezaran las golpizas”, describió. E ironizó: “Apenas llegamos nos sacaron todo el material de lectura, y después me enteré de que con eso hicieron una quema pública. Eran novelas de Balzac, cosas como esa, que son muy subversivas”.

“En los llamados ‘Pabellones de la Muerte’ los presos eran como rehenes de los militares: en la medida en que hubiera acciones de la guerrilla, sacaban gente de ahí para matarla”, afirmó Elizalde.

El testigo recordó la oportunidad en que una comisión de la Cruz Roja Internacional realizó una inspección en el penal. “Su función, en realidad, era constatar que no estuviéramos muertos o demasiado rotos, y que nos dieran de comer algo”, dijo el ex detenido. “Pero no hicieron nada. Recopilaban información y hacían una recomendación al gobierno que no se hacía pública”, agregó.

También señaló que los detenidos de la U9 tenían miedo de salir en libertad, debido a que era frecuente que las personas liberadas fueran secuestradas o asesinadas al salir. “No queríamos interponer recursos ni que se concretara la libertad porque nos dábamos cuenta que el riesgo era más alto”, expresó.

La banda de Gordon

Por su lado, Julio César Mogordoy Carecce, otro ex detenido de la U9, relató que fue secuestrado el 4 de noviembre de 1975 en un operativo comandado por Aníbal Gordon y del que también participaron policías bonaerenses. Entre ellos, mencionó a un policía de apellido Madrid, del que hace dos años el periodista Horacio Verbitsky publicó que se llamaba José Felix, coincidente con el nombre uno de los efectivos que declararon en el Juicio por la Verdad.

En este operativo fue torturada y asesinada María Teresa Barbich, cuyo crimen fue definido en un dictamen de la subsecretaría de Derechos Humanos como “terrorismo de Estado”.

Mogordoy contó que fue llevado a “Puente 12”, donde “nos torturaban todos los días”. Dijo que estuvo permanentemente encapuchado y vendado.
El ex detenido dijo que más tarde lo llevaron a la comisaría 21° de Avellaneda y luego a la Unidad 9 de La Plata. En su declaración mencionó el asesinato de Guillermo Legal y Gonzalo Carranza, ocurrido el 2 de febrero de 1977, luego de que estos presos salieran en libertad de la U9.

Jefes de la Petroquímica

En otro orden, dos ex jefes de la Petroquímica General Mosconi declararon por el caso de María Seoane Toimil, una desaparecida que estaba empleada en esa empresa.

El coronel Mario Barragué, que se definió como “ingeniero militar”, dijo que al enterarse del caso intentó averiguar por el paradero de la joven en el Regimiento 7 y en la sede del Batallón de Infantería Mecanizada (BIM3), sin conseguir respuestas.

La joven fue secuestrada el 12 de mayo de 1977, y por medio de Barragué la familia se enteró que María estaba viva, diez días después de su desaparición. Este dato lo consiguió Barragué, en su carácter de directivo de la Petroquímica, del entonces general de Brigada Juan Bautista Sasiaiñ.

Mario Barragué también dijo hoy que le fue a preguntar por Seoane Toimil al jefe de Policía, Ramón Camps, quien “me acusó de ser defensor de guerrilleros. Yo le dije que éramos varios militares los que estábamos en (la Petroquímica) Mosconi y que nunca nos había pasado nada”.

Por su parte, Gustavo Calleja, quien fuera jefe de María Seoane Toimil en la Petroquímica, dijo que fue a ver al subsecretario de Seguridad de la Provincia, teniente coronel Miara, quien no le dio datos precisos. También dijo que el interventor de la Petoquímica, un coronel de apellido Villa, al tiempo mandó decir que no preguntara más por la desaparecida.

“Mosconi fue una isla, dentro de lo que fue YPF, Astilleros o las empresas de la zona”, explicó Calleja, al referirse a la persecución de otros empleados de esa empresa.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata es una organización no gubernamental cuyos objetivos son: Defender los Derechos Humanos en su acepción más amplia, contribuir a su enseñanza y a su difusión, dotar a esta temática de sólidos fundamentos jurídicos y académicos con una clara visión de futuro mediante la investigación y la docencia. Llevar adelante los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro pueblo. Llevar adelante el Juicio por la verdad, iniciado junto a otros organismos y particulares en 1998 ante la Cámara Federal de La Plata y a las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad.

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