La querella alegó sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la U9

Los abogados querellantes iniciaron la exposición respecto a las acusaciones contra los catorce agentes del servicio penitenciario. Hasta el momento, todos los abogados tomaron como eje central de análisis la figura del genocidio.

Por secretaria de prensa y difusión APDH, LA PLATA

(27deseptiembre2010) Marcelo Ponce Núñez, abogado que representa a la CTA en la querella unificada con la APDH La Plata, fue el primero en comenzar con los alegatos el lunes 27 y lo hizo a partir de una frase que Videla pronunció en diciembre de 1976 en la que el ex dictador se refirió al respeto a los derechos humanos como “la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental y es seguramente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que ejercemos en pleno la autoridad; no para conculcar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla.”.

Acto seguido, el abogado aludió a la división de poderes que existe en nuestro país desde 1853 y a los derechos ciudadanos que, desde 1930, fueron violados por los gobiernos de facto que se sucedieron. Asimismo, detalló la legislación nacional e internacional que existía antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, en la que hubo “fuerzas que promovieron un genocidio mediante la instrumentalidad del golpe de Estado”.

Según la querella CTA-APDH La Plata, “existió un grupo de civiles y militares que por fuera del Estado y la estructura nacional se dedicó a eliminar grupos concretos que se opusieran a la organización nacional o no quisieran someterse a ella”. “Esos fueron los fines del grupo agresor”, añadió Ponce Núñez.

En otro orden, el abogado calificó a la prueba como “abrumadora” y “de valor sustancial”, además de reconocer la existencia de “elementos más que probados sobre la gravedad de los hechos”.

 También aludió a las declaraciones de los testigos Scatolini, Herrera y Caldarola para evidenciar que el jefe de la Unidad debió encontrarse presente el 13 de diciembre de 1976 (día de la requisa) y agregó que “fue puesto al frente de la ‘cárcel modelo’ para la destrucción del grupo”. “La U9 estaba siendo preparada para el genocidio y se entregó de jefe a jefe”, añadió.

Si bien Ponce Núñez hizo mención a las víctimas de la requisa, puntualizó en los casos de Zavala, ex jefe superior del SPB, Podolsky y Galansky Coper, por haber recibido golpizas con un mayor ensañamiento.

Sobre tipos de torturas más allá de las físicas, el abogado amplió las de tipo psicológico, como es el caso de la canción de Roberto Carlos “Te agradezco Señor por un día más” que, según algunos testimonios, se escuchaba por las noches. Asimismo se alegó sobre las desapariciones físicas, los “Pabellones de la muerte”, la supuesta subordinación al Ejército y la clasificación de los internos según su grado de peligrosidad.

Los casos de Dardo Cabo y Rufino Pirles fueron mencionados por Ponce Núñez en tanto existió una orden de traslado que debió haberse efectuado, según la legislación correspondiente, por el SPB y no por el poder militar. En palabras del abogado de la CTA, “sobre Georgiadis y Rapaport, la orden consistió en un traslado para indagatoria por parte de personal militar”.

Por otra parte, las celdas de castigo conocidas como “chanchos” fueron objeto del alegato ya que “eran un cubículo de cemento con una letrina sin agua, donde se propinó un trato degradante e inhumano hacia los internos a partir de castigos, condiciones insalubres y de carente atención médica”. En este sentido, vale destacar el relato de los testigos, quienes aseguraron haber visto salir del penal a otros detenidos y devueltos en “estado deplorable” tras visitas a los diferentes Centros Clandestinos de Detención.

También se refirió a los supuestos suicidios de Marcos Ibáñez Gatica, castigado alevosamente en los “chanchos” y del interno La Sala, víctima del imputado Peratta, según la declaración de varios testigos. 

Uno de los hechos más emblemáticos que se están juzgando en la causa tiene que ver con Alberto Pinto, quien padecía de epilepsia y no recibió el cuidado necesario. Ponce Núñez dijo que “la recepción del interno en la U9 fue a los golpes y de inmediato a la celda de castigo”. En cuanto al registro de atención médica, el abogado arguyó que “toma valor a partir de que se le detecta gran mal epiléptico y se le da analgésicos, aunque permanece en los calabozos de castigo”. Y agregó: “Nadie se iba a dar cuenta si tenía un ataque de epilepsia porque las puertas eran de metal y, sobre la perforación intestinal, ésta no se puede haber dado por un ataque de epilepsia”.

Luego de lo  expuesto por el  representante de la CTA, el Doctor Oscar Rodríguez, abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos La plata, se refirió a las calificaciones de los delitos para cada imputado y en relación a ello las penas correspondientes.

Rodríguez fue solvente y concreto en su discurso en el que se resolvió pedir prisión perpetua para Abel David Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera quienes ocuparon un rol jerárquico a partir de la requisa del 13 de diciembre de 1976  y  quienes tuvieron la responsabilidad máxima de los hechos ocurridos en la Unidad 9 durante el periodo analizado en el debate. 

 Elvio Osmar Cosso :se desempeñó como Director de Seguridad del Servicio Penitenciario y fue quien estuvo al mando de la requisa del 13 de dicieembre .La querella alegó que su presencia allí obedeció a una decisión de supervisar directamente la requisa, con su contenido de comisión masiva de delitos contra la integridad física de las personas y de puesta en marcha de un plan sistemático de tortura, muerte, delación y quebrantamiento psicofísico al interior del penal. Por tal razón, se pidió en este caso la pena a 25 años de prisión.

Ramón Fernández: quien fuera miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense y se desempeñó como Inspector de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 9 hasta el 4 de septiembre de 1978  En este caso , la querella lo  señalo como culpable de un hecho de tortura seguida de muerte  y 12 casos de tortura por lo cual se pidió la pena a 25 años de prisión.

Jorge Luis Peratta : Alias “El Vietnamita”, se desempeñó como adjuntor de la Unidad Carcelaria Nº 9 entre el 3 de diciembre de 1974 y el 31 de marzo de 1978. En este caso , la querella lo encontró responsable de 5 hechos de tortura, por tal motivo,  solicitó la pena a 22 años a prisión.

 Valentín Romero: Alias “culito de goma” ,fue designado en 1966 guardián de la Guardia Interna de la Unidad Carcelaria Nº 9 y, a partir de 1977, se desempeñó en el área de Vigilancia y Tratamiento. Se lo encontró responsable de 3 hechos de tortura por lo cual se solicitó la pena a 19 años de prisión.

 -Segundo Andres Basualdo: Cumplía el rol de Oficial Penitenciario dentro de la Unidad Nº 9. Se lo identifica como el “cabo Basualdo”, cargo que desempeñó desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 1977.  La querella alego la responsabilidad en dos hechos de tortura  y solicitó la pena a 16 años de prisión.

Catalino Morel: Se desempeñó como adjuntor en la Unidad Nº 9 entre el 1 de septiembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1977. Estaba a cargo de la custodia del detenido Alberto Pinto, una víctima en situación de extrema vulnerabilidad que fue sometida a torturas por varias personas, al punto de causarle la muerte. En este caso particular, la querella lo reponsabiliza de garantizar la seguridad e integridad fisica del detenido.

Por lo expuesto, se resolvió calificar al imputado  del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto y  la pena a 18 años de prisión .

Héctor Raúl Acuña: Más conocido como “el oso Acuña”, cumplía la función de Subalcaide del Servicios Penitenciario Bonaerense dentro de la Unidad Nº 9.

La querella lo responsabiliza  por el delito de tortura cometido contra Eduardo Zavala, tomando en cuenta el ensañamiento particular contra la víctima, la motivación de venganza en personal y política, así como la situación de indefensión que se agravaba por la participación de varias personas en el castigo. Por consiguiente, se  solicitó la pena a 15 años de prisión.

Luis Favole, Enrique Corsi, Carlos Jurío- Los tres se desempeñaron como médicos dentro de la Unidad 9.Se los responsabiliza del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto , mensurando como agravante la formación profesional de los tres autores y el juramento hipocrático prestado. Se solicitó para los tres la pena a 18 años de prisión.

 Alegato de Justicia ya!

Tras la presentación de la querella unificada por la Central de trabajadores argentinos(CTA) y la Asamblea Permanente por los derechos humanos La Plata(APDH La Plata), el espacio  Justicia Ya!, presentó su alegato de la mano de la Doctora Guadalupe Godoy y el doctor Pablo Castelli.

Godoy inició el alegato aclarando la posición de la querella respecto a la figura del genocidio y de entender lo sucedido en la Unidad 9, dentro del proceso genocida que tuvo su inicio tras el golpe militar de Marzo de 1976.

Se refirió al plan de exterminio que perpetró la dictadura, el  cual tenia como objeto “detectar y desarmar grupos, crear desconcierto e instalar el  temor”, a su vez que buscaba “romper lo colectivo”.

Afirmó que durante el debate se recavó  prueba sólida y  suficiente para comprobar cual fue el papel del Servicio Penitenciario, el cual alegó que no se subordinaba a las directivas de las Fuerzas militares sino que funcionaba en coordinación con ellas.

Respecto a la requisa del 13 de diciembre, la abogada sostuvo que los testimonios “fueron coincidentes y  creemos que todos los casos dan fe la veracidad de los hechos”.

Tras un extenso alegato,  Justicia ya!  pidió prisión perpetua para Abel David Dupuy. Respecto a Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Osmar Cosso, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Raúl Aníbal Rebaynera, Carlos Domingo Jurio, Luis Favole y Enrique Corsi pidio la pena a 25 años de prisión, y a Héctor Raúl Acuña  la pena a 15 años de prisión.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata es una organización no gubernamental cuyos objetivos son: Defender los Derechos Humanos en su acepción más amplia, contribuir a su enseñanza y a su difusión, dotar a esta temática de sólidos fundamentos jurídicos y académicos con una clara visión de futuro mediante la investigación y la docencia. Llevar adelante los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro pueblo. Llevar adelante el Juicio por la verdad, iniciado junto a otros organismos y particulares en 1998 ante la Cámara Federal de La Plata y a las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad.

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