La fiscalía dijo que los imputados formaban parte de una “empresa criminal conjunta”

 Entre los Doctores  Shapiro y Molina hubo más de cuatro horas de exposición ante el Tribunal, donde se habló punto por punto de las cualidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde la articulación con los militares hasta la complicidad con el Poder Judicial de la época.

 Por Secretaría de Prensa

APDH LA PLATA

 (29SEPTIEMBRE2010) El día martes fue un día largo para los protagonistas y los asistentes al Jucio de Unidad 9, que comienza a ver sus últimas audiencias desde sus inicios en abril. Comenzó a las 11 de la mañana con la exposición del Doctor Pinto, y concluyó a las 23 con la palabra del Fiscal Molina.  El próximo lunes continuarán los alegatos con los abogados de la defensa.

 Hubo acusaciones, pedidos de condena, ideas teóricas, citas y lecturas de testimonios  y artículos de diversos casos pasados y de la Constitución como de Organismos Internacionales para dar sustento a los argumentos. Además, la idea central de la cárcel de Unidad 9 como parte de un sistema de engranaje que buscaba aniquilar a aquellos que pensaban distinto.

 El fiscal Hernán Shapiro comenzó con seis afirmaciones, leídas también como una conclusión. Después continuó con un relato contextual, de modo genérico a hechos en materia de juzgamiento; tocó los hechos de la requisa del 13 de diciembre y los otros casos de tortura y tormentos.

 Para Shapiro la Unidad 9 funcionó como un eslabón dentro de un entramado del aparato estatal a partir de marzo de 1976 con el objetivo de implantar un orden económico determinado y un “ordenamiento de la sociedad”.

 Luego agregó que esta unidad funcionó coordinadamente con los centros clandestinos de la región y en ella se practicó la detención de presos políticos.

 “Podemos afirmar que el modo de organización está comprendido como empresa criminal conjunta. Esto es una organización comunal tácita o expresa que admite formas de participación con un fin trascendente: la eliminación de toda persona opositora al régimen que se quería instalar”, refirió el fiscal en un primer punto, quién expuso dos horas y media ante el Tribunal.

 En segundo lugar consideró que la prueba ha logrado acreditar hechos y que conforman la mayor parte de la plataforma fáctica en el escrito de acusación.

 En tercer lugar expresó que  la Unidad 9 estaba inserta en una organización criminal mayor, en un aparato de poder.

 “Los delitos de los imputados alcanzan los crímenes del derecho internacional. Son crímenes de lesa humanidad. No se puede agregar obediencia debida como argumento”, indicó en cuarto caso.

 En quinto lugar dijo que los hechos han formado parte de un genocidio contra un grupo nacional. 

 Por último lugar vinculó a que  la prueba ha sobrepasado la plataforma que traían con anterioridad al juicio. “Hay nuevos hechos que se han podido apreciar”, arguyó, y destacó la participación de ex miembros del poder judicial, del personal de las fuerzas armadas.

 “Estaba todo planificado”

 Shapiro habló de forma clara y concreta. No pareció afectarle las dos horas de exposición monologa ante los presentes.

 “No me olvido de las torturas seguidas de muerte dentro del penal. El endurecimiento se produce en forma paralela al surgimiento de la mayor parte de centros clandestinos de la región.  La Cacha, Puesto Vasco, Comisaría V, Brigada de Investigación, La Perla, Pozos de Banfield y de Quilmes, etc. No es casual, a partir de la asunción de Dupuy comienza todo”, expresó.

 De forma ordenada fue nombrando las distintas cualidades dentro del penal: tortura sistemática, humillaciones, homicidios, ingresos y egresos de personas clandestinamente detenidas, incertidumbre acerca de la vida propia y de la familia. Como argumentos, los casos de Mogordoy, Martínez y Villanueva que han dado cuenta de esto.

 Luego esgrimió que comenzó una redistribución de presos políticos con un rol planificado entres “recuperables” o “irrecuperables”. A su vez se encontraban los pabellones I y II denominados “de la muerte”.

 Además según dijo se provocaba un sufrimiento psicológico extra, como un “corredor de la muerte”, ya que allí las personas esperaban con incertidumbre cuando les tocaba.

 Sobre los chanchos.

 “Seguir llamándolos pabellones de aislamiento o seguridad provoca eufemismos. Estar ahí ya era recibir tormentos”

“Había requisas de rigor cuando se ingresaba. La angustia de estar a merced del poder brutal de los empleados del penal. El aislamiento sin la familia y sin resguardo judicial. En muchos casos sin que la familia sepa donde estaban”

Shapiro indicó que las torturas en los chanchos fueron escuchadas por detenidos fuera de los chanchos. Destacó además que las víctimas debían tomar agua de las letrinas y que no tenían abrigo. “Con suerte un colchón a la noche”

Además la comida insuficiente, a veces hervida y a los dos minutos se la sacaban. “TODO ESTE CONJUNTO DE CIRCUNSTANCIAS CONSTITUYEN TORTURAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS”, expresó.

Era un instrumento simbólico de poder: como amenaza y como persecución permanente de los detenidos. Sanciones absurdas que eran excusas para provocar sufrimientos. Gutiérrez, Calotti, Fernández, Zanola, Caldarola, Bettiol, Vechio, Ortiz y Veiga, entre otros, hablaron de ello.

-Pequeñas celdas sin iluminación, medicación con agua que pudieran sacar.

-Un lugar frío con un ventilador en el fondo que aumentaba esa sensación.

-Se mojaban los pisos con agua. Algunos testigos hablaban que tenían que caminar para evitar hipotermia.

-Las golpizas permanentes, los gritos.

-Las duchas con jabón blanco para disimular los golpes.

Pérez Ezquivel, Bettiol, Gigliani, Veiga, entre otros, dieron cuenta de esto.

 

Sobre Los médicos

  El fiscal hizo cita del testigo Podolsky en el momento que declaró: “la mirada de Favole parecía la de un asesino, no estaba asustado. Deja mucho que desear. Te daban una pastilla. Muchos de los detenidos (Corvalán, Pérez Ezquivel, etc) recibían una pastilla que parecía ser la misma”

Luego usó el argumento de los testigos que indicaban que al otro día se levantaban trastabillando o quedaban “bobos”, como dijo Calotti.

Vinculación U9 y estructura clandestina de la dictadura militar.

 Son ocho puntos específicos que destacó el Fiscal

 1 – Interrogatorios políticos.

2 – Creación de pabellones de la muerte. Militantes Montoneros o ERP.

3 – Ingreso y egreso del penal desde y hacia centros clandestinos de detención.

(Jozami recibió la visita de la esposa en el 78 y estaba secuestrada desde el 76 en una oficina cercana a la de Dupuy)

4- Presencia de personas que no se encontraban blanqueadas. Ni bajo autoridad judicial ni bajo decreto del poder de facto (Molina, Pichinini, Frega)

5- Ingreso y egreso de personas encapuchadas (bettiol, gutierrez, delgado)

6- ingreso y egreso de individuos que operaban en la faz clandestina (astiz por ej visitó la unidad)

7- ejecución de personas que egresaban del penal. (cabo, pirles, geogiadis, etc)

8- desaparición de familiares. conocimiento de los oficiales sobre los familiares de desaparecidos (madre de Elizalde, sus hermanos y su novia.)

Rebaynera fue a la celda de Anguita y desaparece la madre cuatro días después. Suárez habla del secuestro de su novia. Niselsky sobre la desaparición de la esposa de Horacio Crea.

31 casos de familiares desaparecidos de ex detenidos de la unidad 9 de La Plata.

 Complicidad judicial

 Hubo claros casos de falta de asistencia. Directa complicidad. Mogordoy, Podolsky, Jozami, Martínez hablan de abogados o jueces que no podían hacer nada. Crea sobre la entrevista de Sarmiento.

 Personal militar.

 – Visitas del Teniente Sanchez Toranzo, el Gobernador Saint James y el Ministro de Gobierno Jaime Smart.

 Directores de otras unidades que observaron otra conducta y que no sufrieron consecuencias por ello. El caso de Taiana que dijo que una noche le dijeron que se prepare para el traslado pero que en Devoto no había traslado nocturno.

 Visita de la Cruz Roja en 1978.

 –          Sirvió para hacer pública la situación pero no significó un tipo de mejora. Meses después fueron asesinados Pinto y Micucci.

 

“Fue en el contexto de una máscara que se armó. A la dictadura le convenía mostrar una cara distinta de lo que se veía”, dijo Shapiro al respecto.

 Crímenes de lesa humanidad.

 –          Integración de la U9 al plan general instaurado por el gobierno dictatorial.

-Eslabón en el esquema represivo.

 “El plan criminal fue contra un grupo definido y diferenciados para implantar orden social, político y económico” que se enmarca en la categoría de “genocidio”.

 Esta fiscalía no encuadra las conductas en particular en delito de genocidio” Es decir formaron parte de un genocidio.

 El sentido de la figura del genocidio, de que grupos quedan abarcados, es que son los perpetradores los que definen la característica del grupo.

Forma de exterminio masivo unilateral desde el Estado o alguna otra autoridad.  Que apunta a la erradicación con criterios de selección.

 

 RESPONSABILIDAD POR HECHOS DE LA REQUISA

 En el marco de un aparato organizado de poder, práctica colectiva y sistemática de criminalidad la Unidad 9 funcionó como sub organización. La actuación de los penitenciarios puso en marcha o colaboró a mantener la maquinaria construida. “Hablamos de una teoría de la empresa criminal conjunta como marco de referencia a las imputaciones que se trata”, dijo el fiscal.

COSSO: lo acusa por ejecutar y controlar sistemas de seguridad de sus áreas, organizar planes de combate, impartir directivas de las dependencias controlando su ejecución.

“Desde el comienzo de la ejecución tuvo una posición de dirección de la requisa (scatolini, herrera, Troncoso, Vázquez) instrucciones a sus subordinados”. Por lo tanto lo considera “coautor mediato de los hechos de tormenos acaecidos durante la requisa. de todos”.

 ACUÑA: inflingió severísimos tormentos a Zabala. (Zabala, Scatolini, Herrera, Ribadeneira, Torres, Vechio, Gervolés lo mencionaron en sus testimonios) tal y como lo relata Scatolini, a Zabala lo estaban buscando para ejecutar una supuesta presunta venganza por haber pertenecido al SPB. Es AUTOR DIRECTO en la aplicación de tormentos.

 ROMERO: autor directo. Actuó durante toda su carrera en la Unidad 9.Torturas en perjuicio de Muller, de origen alemán. Romero lo puteaba, le hizo el teléfono.

 FERNÁNDEZ: autor directo por mismas razones dogmáticas que Acuña y Romero. Elizalde: “Fernández fue uno de los que me golpeó en la requisa del 13 de diciembre”.

Tormentos en perjuicio de Elizalde.

 

RÍOS: Absolución en el hecho de Brontes acreditada durante la requisa. En las causas residuales se podrá evaluar la responsabilidad.

 

REBAYNERA: Sin embargo al igual que Ríos no se han producido pruebas de tormentos a Brontes. “Solicitamos absolución en este hecho puntual”, dijo, pero no en los restantes.

 Torturas en los chanchos.

 Teniendo en cuenta el pequeño espacio ocupado “los imputados presentes son co autores de tormentos físicos o psíquicos sufridos”. La presencia aún cuando no hayan golpeado, era reforzar el modus operandi de los tormentos en generar una superioridad numérica para generar estado de indefensión.

En los casos en que los tormentos fueran en otro sectores del penal. Autores o co autores.

 DUPUY VEGA Y RÍOS por su posición funcional autores mediatos. Todos los hechos se le atribuyen. Solo basta que una persona sufrió torturas.

 RESPONSABILIDAD PARTICULAR

 Rebaynera: autor material de tormentos (Suárez, Podolsky, Anguita, Pinto, y Ribadeneira entre otros).

Co autor por dominio funcional sobre Gutiérrez, Elizalde, Bettiol, Capella, Pérez Ezquivel, Mogordoy, Acquaviva entre otros. Co autor por torturas reiteradas en 19 oportunidades

 Ramón Fernández: autor material de las torturas a Guevara, Corvalán, Bettiol, Gutiérrez, Mogordoy y  Álvarez entre otros. Tormentos en 12 oportunidades en concurso real.

 Basualdo: co autor por dominio funcional del hecho. Torturas a Acquaviva y Ribadeneira entre otros.

 Romero: co autor  por tormentos a Jonson y  Elizalde entre otros.

  Peratta: Fue uno de los imputados más reconocidos y señalados por las torturas. autor material de torturas sobre Martinez, Veiga y  Mogordoy entre otros.  

  Morel: coautor de tormentos sobre   Arquéz.

 DUPUY: Máximo responsable de la U9. Dando órdenes o brindando las condiciones es responsable en calidad de autor mediato por tormentos a Elizalde, Bettiol, Gutiérrez, Ribadeneira, Acquaviva, Scatolini, Villanueva, Jozami, Caldarola, Vecchio, Anguita, Arguello y Calvo entre otros. En total son 57 casos. Autor directo de tormentos a Pérez Esquivel

 VEGA: su aporte para el normal funcionamiento. Autor mediato  de tormentos sobre   Elizalde, Bettiol, Mogordoy, Acquaviva, Ortiz, Esquivel, Slepoy, Scatolini, Jozami, Caldarola, Vecchio, Corvalán, Anguita, Arguello y Calvo. Son 64 casos.

 RÍOS: al igual que vega consentía dando órdenes. Calidad de autor mediato   sobre decenas de personas (no precisó el fiscal).

 Sobre las salidas de los detenidos

 Privaciones ilegales cometidas en reiteradas oportunidades por funcionarios públicos.

 Coautores mediatos de los hechos de salidas de detenidos. Mediata porque los imputados Dupuy, Vega y ríos ordenaron o permitieron en el ejercicio de sus cargos. La coautoría porque hay un acuerdo. Hay distribución de la tarea. Terminan por configurar el hecho total.

 VEGA: Coautor mediato de las privaciones ilegales de tres personas.

RÍOS. Coautor mediato de privación ilegítima de libertad. Funcionario público en abuso de sus funciones.

 Sobre inspección ocular en unidad 9.

Deficientes condiciones edilicias y de mantenimiento. Frío extremo. Pisos cubiertos con agua o húmedos. Faltaban cerramientos, limpieza deficiente. Los chanchos hoy se encuentran desde el punto de vista constructivo casi inalterado con respecto a aquella época. “Esto para esta unidad fiscal resulta incompatible con el trato humano que se apoya en tratados internacionales” agregó.

Falta de juzgamiento oportuno. El juzgamiento de estos hechos no solo es importante desde el punto devista de la memoria histórica, sino que colabora al afianzamiento de los derechos humanos.

Cambio de carátula para los médicos

 Al contrario de las penas que pidieron los integrantes de la querella, en su alegato, el fiscal Marcelo Molina, sorprendió a propios y extraños al pedir un nuevo cambio de carátula para los médicos Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi por entender que su conducta se encuadra en la figura penal de “omisión de evitar la comisión de torturas”, delito por el que pidió un castigo de diez años de presidio.

Hay que recordar que los médicos habían llegado en libertad al juicio pero un cambio de calificación -pedido por el propio Molina- terminó con los médicos tras las rejas cuando el 10 de agosto los jueces del TOCF Nº 1 de La Plata hicieron lugar a ese planteo de ampliación como coautores de “torturas seguidas de muerte”.

Anoche, a medida que avanzó en su exposición, Molina quedó solo en el estrado. Los representantes de la querella, intuyendo la jugada, abandonaron sus sillas y se sentaron entre el público. El mensaje fue más que claro y su disconformidad fue explícita en los comentarios que realizaron tras el cierre de la extensa jornada judicial de ayer. “Tenemos una calentura que volamos”, resumieron distintos actores consultados. También criticaron la calificación de “homicidio simple”, en lugar de “calificado”. 

“No es venganza ni revancha, sino justicia”

 El Dr Inti Pérez Aznar habló en representación  de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en segunda oportunidad con la idea de “prevenir y sancionar cuando se deba” y “buscar justicia, memoria y verdad”, según manifestó.

Por Secretaría de Prensa y Difusión

APDH LA PLATA

 (28Septiembre2010) “Hay una necesidad de reconstrucción histórica, porque lo que pasó fue un genocidio”, esgrimió, y agregó: “en Argentina hubo una dictadura que tuvo como modelo imponer un Estado que extermine al que se oponga. Deben calificarse como delitos de lesa humanidad, y a los funcionarios de Unidad 9 como autores y partícipes”.

 El abogado brindó argumentos en casi dos horas de exposición, y dejó en claro que la unidad 9 funcionaba como cárcel legal pero los testimonios mostraban entradas y salidas de ilegalidad, y que “junto con otras cárceles representó un circuito represivo” dentro del marco de un plan criminal.

 Además, resaltó que los detenidos pertenecían a diversas capas sociales. “Lo dijo Slepoy, había todo tipo de personas: empresarios, intelectuales, obreros”, sentenció Aznar.

 La requisa del 13 de diciembre, las celdas de castigo, la Ley de Fuga y los “pabellones de la muerte” y la certeza de que 1976 había normas que impedían que se cometieran delitos de lesa humanidad  fueron algunos de los puntos en que se centró el joven abogado: “Los penitenciarios sabían que las personas en cualquier momento podían morir”, dijo, en esta idea de abuso del aparato estatal para aplicar el genocidio

 Sumado a esto, mencionó que estaba prohibida la tortura en 1976, y que cualquier sufrimiento físico, psicológico, cruel o degradante “es tortura”. Además, en aquella época no se aplicaba la obediencia debida, para contrarrestar los argumentos de Dupuy (ex Director de Unidad 9 en dictadura) semanas atrás.

 “Hubo un enemigo construido por la dictadura cívico militar con diferentes decretos. Había manuales específicos de la lucha anti subversiva con un sistema de inteligencia interna” expresó Aznar, quién calificó los más de cien testimonios como convincentes y veraces. “Todos hablaron de los chanchos, de las torturas físicas y psicológicos”, agregó, con la especial mención a las familiares de las víctimas que fallecieron en dictadura.

 Sobre el último tramo de exposición comenzó a solictarle al Tribunal las penas hacia los imputados sobre los hechos de la requisa del 13 de diciembre:

 – A Elvio Cosso que se lo condene por la aplicación de tormentos a 46 personas como autor mediato. Además como  Co autor mediato de delito de tortura a 46 personas.

 – A Victor Ríos como autor mediato. “Entendemos que fue partícipe necesario de aplicación de tormentos”, dijo.

 – A Héctor Acuña imputado por las torturas a Zabala. “Hay un error”, expresó, ya que todos los imputados en el día de la requisa “tienen que estar implicado

 Tras mencionar las actuaciones punto por punto de los penitenciaros en la aplicación de tormentos hacia los detenidos, Aznar recordó a la Unidad 9 como parte de un plan de exterminio y le pidió al Tribunal.

 – A Dupuy prisión perpetua y cárcel común por los tormentos a 59 personas. Como coautor por  homicidios y tentativa de homicidios.

– A Vega 25 años de prisión y cárcel común. Coautor mediato a 56 personas y tormentos seguidos de muerte a diversas personas.

– A Ríos 25 años de prisión y cárcel común. Coautor mediato y tormentos seguidos de muerte a varias personas.

– A Cosso 25 años de prisión en cárcel común por delito de  tormento 56 personas.

– A Morel 25 años de prisión y cárcel común. Partícipe necesario de tormentos y coautor material homicidio de Alberto Pinto.

– A Fernández 25 años de prisión y cárcel común. Coautor material tormentos 16 personas.

– A Peratta. 15 años de prisión y cárcel común. Coautor material de tormentos impuestos a 9 personas.

– A Acuña 15 años de prisión y cárcel común e inhabilitación perpetua.

– A Basualdo 15 años. Coautor  material de distintos tormenos.

– A Romero 15 años autor material de tormentos impuestos a 3 personas. Autor material en 5 otros tormentos.

– A Jurío, Corsi y Favole 20 años de prisión a cada uno. Coautores de tormentos seguidos de muerte a  Alberto Pinto.

– A Rebaynera 25 años de prisión. Partícipe necesario tormentos requisa 13 diciembre.

Aznar pidió luego que se investigue en primera instancia casos divulgados, por los jueces mencionados de la dictadura. Además pidió cárcel común por más que tenga más de 70 años. “El caso de Etchecolatz debe servir como ejemplo”, disparó.

Luego concluyó que se debe crear conciencia social sobre el peor exterminio donde desapareció una generación que quería un país diferente. “Aún hoy se ven las consecuencias del exterminio. Se mataron distintas personas, se los persiguió, se los encarceló. Todo ello en la Unidad 9. En el marco del plan de exterminio en todo el país. No es venganza ni revancha, sino justicia”.

Carlos Pinto pidió prisión perpetua para los médicos imputados

 El abogado fue el primero en  dar los alegatos el día martes. Se refirió a las complicidad de los médicos como un engranaje en la estructura de poder y se refirió a las golpizas de los penitenciarios hacia su hermano Alberto, fallecido tiempo después

 POR SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN

 APDH LA PLATA

 Primer informe de la fecha

 (28SEPTIEMBRE2010) Carlos Moisés Pinto fue el primero en tomar la palabra en la audiencia del martes. Su caso es particular, porque mas allá de la condición de abogado querellante es el hermano de Alberto Pinto, personaje emblemático según los compañeros que permanecieron en cautiverio en Unidad 9 y que era golpeado por los penitenciarios en su condición de epiléptico.

 Encima, los médicos no ayudaban y se complotaban con la estructura de poder policial. Por lo menos así lo hizo saber el abogado, quién hace años se dedica a la causa con pasión y con la idea de no olvidar.

 Comenzó hablando de los tan nombrado pabellones de castigo. Ese lugar que las víctimas le dieron el lugar de “chanchos”. Así se refirió en primer término: “Estar bajo esas condiciones  en sí mismas significaban tormentos y torturas psíquicas y psicológicas”, y agregó: “Era un pabellón de castigo hecho para volverlos locos o que se suiciden. Oscuros, sin agua, en un lugar chico. El objetivo era la destrucción de los presos. Algunos se suicidaron y a otros los suicidaron”.

 Luego utilizó como argumento parte de la declaración del testigo Arias, quién observó desde su celda como entre cuatro y cinco guardia cárceles se turnaban para golpear a Alberto. “Me estremeció mucho su declaración” indicó.

 No pudo ocultar el querellante su idea general sobre el rol de los médicos:“Estos asesinos esperaban que pasara lo mismo que con otros torturados”, dijo, y completó: “No era usual que los médicos visitaran las celdas de castigo. Miraban por el pasaplatos y seguían de largo”.

 Las tácticas de las autoridades de la época para tapar las verdaderas causas de la muerte de Alberto fue otro de los tópicos que desarrolló Carlos Pinto.

 En primer lugar hablo del certificado del Dr Herrera donde aparece la palabra “caída”, pero que en el certificado del día 18 se suprime esa palabra, aspecto que lo llevó a preguntarse el por qué de la decisión.

 En relación a las declaraciones de Morel, Fernández y Videla “trataron de fabricar una situación en la cual la culpa la tenía la víctima como ataques de nervios o lesiones”

 Luego apuntó contra uno de los médicos imputados, Corsi: “Dijo que era un hombre de izquierda, pero no sé que hacía en el año 1977 como engranaje dentro del aparato de poder organizado. Ellos no podían ignorar a qué estructura habían ingresado. Participaban del plan de exterminio”. 

 Pinto habló de una maquinaria médica y estructura organizada para aplicar el plan criminal de la dictadura militar que operaba en cárceles y centros clandestinos y destacó que ninguno de los integrantes es inocente.

 Una de las personas imputadas que declaró en dos oportunidades fue el médico Jurío, en carácter de indagatoria. En la segunda oportunidad el médico acusado dijo que tenía ganas de abrazar a Carlos Pinto (en aquella audiencia no estaba presente) por lo que le sucedió a un ser querido. Incluso llegó a decir que lloró tanto la muerte de Alberto Pinto como la de René Favaloro.

 La respuesta de Carlos no se hizo esperar: “Yo no quiero el abrazo de Jurío, quiero la reparación de la justicia. Quiero la verdad, no por venganza, sino porque es sana”. Luego reflejó que la función de los médicos es categórica en relación a las torturas.

 Fueron más de setenta minutos de exposición frente al Juez Rosansky, donde el abogado estuvo tranquilo y criticó las contradicciones de Corsi en su declaración indagatoria: “dijo que no se acordaba de Alberto Pinto, pero lo vio 17 veces. Lo dice la historia clínica”.

 El abogado llegó a la conclusión de que la terapia intensiva del Instituto del Tórax estuvo intervenida: “En la historia clínica dice que mi hermano entró desde el Hospital San Martín, no desde la cárcel”

 En fin, para Pinto los médicos el  tenían control de la situación y  hubo una “omisión activa”, ya que al no interrumpir el curso causal “cada uno tuvo el dominio del hecho porque si a Alberto se lo hubiera atendido con el cuadro abdominal dañado le hubieran salvado la vida”.

 El abogado hasta se preguntó porque su hermano tenía la condición de hebreo en la ficha del Servicio Penitenciario Bonaerense.No sé cuanto gravitó eso. Tenían características favorables al sadismo y la perversión”. 

 En definitiva Carlos Pinto cree que el tema de la causalidad está probado, ya que hay una existencia de un dolo específico de los guardia cárceles y la coautoría y autoría mediata de Dupuy, porque el día 16 de noviembre a posteriori y contra todos los reglamentos carcelarios, da entre 15 y 20 días más de castigo cuando su hermano “por esas horas tenía una enfermedad grave”

 Además agregó que el mismo carnero que llevaba la  notificación de sanción manifestó que un enfermo epiléptico no puede estar en la celda de castigo. “Rebaynera dijo que tenía reiteradas crisis epilépticas”, explayó.

 Aquí se puede observar las últimas palabras del abogado antes de pedir la condena los médicos:

 Alberto Pinto fue objeto de prolongadas golpizas y torturas por un grupo de penitenciarios de Unidad 9 a partir de la media mañana del 15 de noviembre de 1978. Morel, Fernández y otros penitenciarios estuvieron a cargo.

Las torturas fueron consumadas con goce perverso por un grupo de personas idóneas. Los médicos imputados y que no posibilitaron o consintieron las torturas y alentaron la continuidad y atroces sufrimientos omitiendo sacarlos de la celda y no reconociendo las lesiones y enfermedades, el riesgo de muerte.

El hecho en sí está probado, que hubo torturas está probado, que a consecuencias se produjo la muerte de mi hermano, que sufrió dolores espantosos, que los médicos tuvieron dominio sucesivo con conciencia de que debían intervenir y sacarlos de las tenebrosas celdas de castigo y no lo hicieron.

En todo momento acá existió una intencionalidad que es el dolo directo de causar la muerte. Si no hubo intencionalidad, cuanto menos hubo representación, de que era un medio que podía llevarlo a la muerte con altas posibilidades. Eso le fue indiferente. No podían desconocerlo.

Bajo el concepto de intención o propósito cae lo que el sujeto percibe por dolo directo. En el dolo indirecto el autor no tiene la intención directa de producir resultado pero sabe que ello será una consecuencia necesaria de su acción. Si el autor no hace nada para evitar puede que le sea indiferente la consecuencia.

No cabe la atenuación que representa la tortura seguida de muerte. Hay un concurso ideal y creo que la justicia hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Aunque se trate de un caso no se puede excluir la figura más grave. Hemos tenido que asistir a escuchar a los testigos, el curso desde un comienzo que tuvo la muerte de Alberto. PIDO PRISIÓN PERPETUA PARA LOS ACUSADOS.

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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata es una organización no gubernamental cuyos objetivos son: Defender los Derechos Humanos en su acepción más amplia, contribuir a su enseñanza y a su difusión, dotar a esta temática de sólidos fundamentos jurídicos y académicos con una clara visión de futuro mediante la investigación y la docencia. Llevar adelante los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro pueblo. Llevar adelante el Juicio por la verdad, iniciado junto a otros organismos y particulares en 1998 ante la Cámara Federal de La Plata y a las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad.

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