Historia de la causa

La Unidad 9 en dictadura

Durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, la Unidad Carcelaria Nº 9 de la Ciudad de La Plata, ubicada en la calle 76 entre 9 y 11, funcionó como un centro de detención legal en el que se albergaron a presos comunes y políticos que fueron sometidos al plan sistemático de torturas perpetrado por el terrorismo de Estado, aplicado por el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense al mando de Abel David Dupuy, director de la unidad carcelaria a partir del 13 de diciembre de 1976.

Provientes de diferentes centros clandestinos de detención que funcionaban en distintas partes de la República Argentina, los cientos de internos que fueron derivados a la Unidad 9 eran “blanqueados”, es decir, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.  Sin embargo, el pase a la legalidad no implicaba el cese de las violaciones a los derechos humanos a través de las torturas, los tormentos y los castigos. Dicha unidad carcelaria fue una de las que recibió más presos políticos, cuyo destino eran los denominados “Pabellones de la Muerte” debido a supuesta “peligrosidad” de los militantes montoneros y del ERP.

De los testimonios de los sobrevivientes se desprende que mientras estuvieron alojados dentro del Penal fueron sometidos a torturas y a condiciones infrahumanas de detención. Si bien varios internos fueron liberados de la Unidad Carcelaria, muchos compañeros coinciden en haberse enterado de que aquellos a los que se les había efectuado un supuesto traslado fueron vueltos a secuestrar, posteriormente asesinados o desaparecidos.

Vale destacar que el terrorismo de Estado no solo fue aplicado por los agentes oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense que eran el brazo ejecutor de la represión sino por una serie de médicos que, a sabiendas de las condiciones infrahumanas de detención, avalaban diversos tipos de torturas que en algunos casos devinieron en muerte.

El origen de la causa

La  principal fuente de donde se desprenden  los datos de  lo ocurrido en la Unidad Penal Nº 9 de la ciudad de la Plata se da en el marco de las audiencias del “Juicio por la verdad” que tienen lugar en la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de La Plata desde el año 1998. Este juicio nació con un único objetivo: conocer la verdad de lo acontecido durante el terrorismo de estado  que imperó en nuestro país desde 1976 hasta 1983.

¿Por qué surge el Juicio por la Verdad? Con la sanción de las leyes  de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) del gobierno de Raúl Alfonsín y el posterior indulto a los militares de la mano del ex presidente Carlos Menem, los canales para llegar a la verdad y la justicia parecieron ahogarse. En ese contexto,  el silencio se hizo eco y el derecho a conocer lo que pasó en la página negra de nuestra historia parecía un objetivo cada vez más lejano para el conjunto de la sociedad.

Tras un pedido de la APDH La Plata, en abril de 1998 surge el “Juicio por la Verdad”. Un proceso judicial que se desarrolla en la Cámara Federal de La Plata que tiene cómo objetivo averiguar que pasó con los desaparecidos de la región durante la última dictadura-cívico militar y determinar quiénes fueron los responsables de los crímenes.

La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto final en el año 2005 permitió  encaminarnos en  el sendero de la búsqueda irrestricta por la verdad. Las nulidades permitieron que se pueda llevar al banco de los acusados a quienes fueron partícipes de la tortura y desaparición de 30.000 compañeros. El camino está marcado, sólo resta transitarlo.

Sin dudas, la información  divulgada en el “Juicio por la verdad” termina siendo la materia prima que posibilita la apertura de la causas penales, para luego sí dar lugar al juzgamiento de quienes fueron responsables, cómplices y participes del terror implantado en la Unidad Penal Nº 9.

La instrucción

 En esta etapa se recavó y acumuló la información suficiente para que se posibilite la elevación a juicio, es decir, la siguiente etapa dentro del proceso judicial. En dicha instancia se tomaron declaraciones  indagatorias, testimonios y pruebas necesarias que fundamentaron la viabilidad de la causa para que ésta sea elevada a juicio oral.

La causa fue iniciada a partir de la denuncia presentada por el Fiscal Federal Félix Pablo Crous en su calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación y tras fundarse en los testimonios dados a conocer en el “Juicio Por La Verdad” que la APDH La Plata, junto a otros organismos de derechos humanos, lleva adelante hace más de diez años.

 El 20 de agosto de 2003, a raíz del pormenorizado análisis realizado sobre las distintas declaraciones testimoniales prestadas en el marco del “Juicio por la Verdad”, los Fiscales Generales, Dres Carlos Dulau Dumm y Rodolfo Marcelo Molina formularon el requerimiento que dio inicio a la instrucción de la causa caratulada “Dupuy Abel David y otros s/ homicidios, torturas, tormentos, y privación ilegítima de la libertad”. De esta manera, se pudo individualizar un importante número de víctimas que entre los años 1976 y 1984 fueron privados ilegalmente de su libertad, sometidos a torturas y asesinados por el personal de las fuerzas conjuntas que protagonizaron el terrorismo de Estado.

Debido a la gravedad de los hechos denunciados durante el “Juicio por la Verdad”, se resolvió profundizar la investigación a fin de recolectar nuevos testimonios y de ampliar las declaraciones testimoniales a los fines de poder obtener mayor precisión de los hechos acontecido, como así también poder identificar quiénes fueron los autores materiales de los distintos ilícitos perpetrados en la Unidad Carcelaria Nº 9.

Tras la resolución que decretó la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) y consideró a los hechos cometidos por el personal del servicio penitenciario de la Unidad 9 como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, se ordenaron las detenciones de Abel David Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera, Ramón Fernández, Carlos Domingo Jurio, Enrique Leandro Corsi, Luis Domingo Favole, Carlos Alarcón, Jorge Luis Peratta, Jorge Luis García, Elbio Osmar Cosso, Germán Vázquez, Héctor Raúl Acuña, Pedro Luis Guerrero y Catalino Morel a los efectos de prestar declaración indagatoria. 

Cabe destacar que gran parte de la prueba de los hechos objeto de la resolución de la etapa de instrucción se fundan en testimonios que delatan hechos cometidos en el marco de la represión organizada por el Estado. Más allá de haber sido cometidos en un centro de detención legal, como lo fue la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, se ha tenido la pretensión de escapar al aparato sancionatorio, sin dejar indicios, por cuanto desde el mismo momento en que fueron ejecutados pretendieron gozar de una previsión de impunidad por medio de la ocultación de huellas y rastros. No es extraño, entonces, que los medios de prueba que pudieron obtenerse hayan resultado constituidos en su mayor parte por testimonios de las propias víctimas o de sus familias. En este sentido, el valor de las de las declaraciones testimoniales radica en la coherencia, la verosimilitud de las mismas ya que del examen de su totalidad no se evidencian contradicciones

La elevación a juicio oral

 El juez federal Manuel Blanco fue el magistrado que dio final a la etapa de instrucción de la causa caratulada “Dupuy Abel y otros s/ homicidio, tormentos, privación ilegal de la libertad y otros” y elevó a juicio oral y público el 7 de abril de 2009. En esta instancia se juzgará por primera vez a catorce represores del Servicio Penitenciario Bonaerense que prestó funciones bajo la dirección del penal de Abel Dupuy, a partir del 13 de diciembre de 1976.

A partir de los elementos probatorios acumulados en el proceso de instrucción, el juez Blanco resolvió la elevación a juicio oral y público de los siguientes procesados y por los siguientes hechos:

1 – Por la requisa del 13 de diciembre de 1976:

Elvio Omar Cosso: autor material respecto del delito de tortura en perjuicio de Eduardo Zavala.

Héctor Acuña: autor material de un sólo hecho de tortura en perjuicio de Eduardo Zavala.

2 – Por los homicidios de Dardo Cabo, Rufino Pirles, Horacio Rapaport y Ángel  Georgiadis y privación ilegítima de la libertad de Julio César Urien:

Abel David Dupuy: partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Dardo Cabo, Roberto Rufino Pirles, co-autor respecto del delito de homicidio por alevosía en perjuicio de Ángel Georgiadis y Horacio Rapaport, y del delito calificado como privación ilegítima de la libertad de Julio César Urien.

3 – Por la muerte de Marcos Augusto Ibáñez Gatica:

Isabelino Vega: co-autor mediato del delito de homicidio agravado.

Víctor Ríos: co-autor mediato del delito de homicidio agravado.

Raúl Aníbal Rebaynera: autor material del delito de homicidio agravado.

4 – Por las desapariciones de Gonzalo Carranza, Guillermo Segalli y Miguel Domínguez:

Abel Dupuy: co-autor material del delito de privación ilegítima de la libertad agravada.

5 – Por la muerte de Alberto Pinto:

Catalino Morel: co-autor material del delito de torturas seguidas de muerte.

Ramón Fernández: co-autor material del delito de torturas seguidas de muerte.

Luís D. Favole: autor material del delito impropio de omisión de torturas seguidas de muerte.

Enrique L. Corsi: autor material del delito impropio de omisión de torturas seguidas de muerte.

Carlos Domingo Jurio: autor material del delito impropio de omisión de torturas seguidas de muerte.

Abel Dupuy: co-autor mediato del delito de torturas seguidas de muerte.

Isabelino Vega: co-autor mediato del delito de torturas seguidas de muerte.

Víctor  Ríos: co-autor mediato del delito de torturas seguidas de muerte.

6 – Por la muerte de Juan Carlos Deghi:

Abel Dupuy: co-autor material del delito de homicidio agravado.

7 – Por las privaciones ilegítimas de la libertad de Juan Destéfano, Horacio Micucci y Juan Amadeo Gramano:

Abel Dupuy: co-autor material del delito de privación ilegítima de la libertad.

Isabelino Vega: co-autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad.

Víctor Ríos: co-autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad.

8 – Por torturas:

Ramón Fernández: autor material del delito  de torturas.

Carlos Alarcón: autor material del delito de torturas.

Segundo Andrés Basualdo: autor material del delito de tortura.

Valentín Romero: autor material del delito de tortura.

Jorge Luis Peratta: autor material del delito de torturas.

Catalino Morel: autor material del delito de tormentos.

Raúl Rebaynera: autor material del delito de torturas.

Abel Dupuy: co-autor mediato del delito de torturas.

Isabelino Vega: co-autor mediato del delito de tortura.

Cabe destacar que además de las responsabilidades de los imputados, la resolución de la instrucción puso a disposición del Tribunal en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata el juicio oral y público a los siguientes imputados: Abel David Dupuy, Víctor Ríos, Catalino Morel, Jorge Luis Peratta, Héctor Raúl Acuña, Segundo Andrés Basualdo, y Raúl Aníbal Rebaynera (alojados todos estos en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz), Isabelino Vega, Elvio Omar Cosso, Valentín Romero, Ramón Fernández (detenidos cumpliendo arresto domiciliario). También se delegó a dicho Juzgado la causa caratulada “Guerrero, Pedro César – García, Jorge Luis y otros s/ torturas”.

Luego de una serie de postergaciones en lo que respecta al inicio del juicio oral y público como consecuencia de la falta de conformación del Tribunal que lo llevara adelante, se resolvió que el TOF Nº1 estará integrado por el juez Carlos Alberto Rozanski, el juez subrogante Roberto Atilio Falcone y el Dr. Mario Alberto Portela, designado para integrar dicho cuerpo en razón del traslado del Dr. Pablo Bertuzzi el pasado 25 de marzo.

Tras el nombramiento del nuevo magistrado, Rozansky, Falcone y Karina Yarbor, la secretaria del TOF Nº 1, resolvieron reprogramar el inicio del debate oral y público para el próximo 12 de abril del corriente año a partir de las 8 y 30 horas. Ese día y a esa hora le habrá llegado el momento de la justicia a los penitenciarios que ejercieron el terrorismo de estado en la Unidad Penal Nº 9.

La querella

 

Si bien forman parte de la querella los diferentes organismos de derechos humanos de la ciudad de La Plata, víctimas, familiares e instituciones del Estado, el pasado 3 de marzo de 2010 el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 1 resolvió unificar la intervención de las partes querellantes del siguiente modo:

-Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina.

-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y las víctimas: Clodomiro Elizalde; María Teresa Piñero (Angel Georgiadis) y Rafael Moreno Kiernan, con intervención de los Dres. Oscar Alberto Rodríguez, Marcelo Ponce Nuñez, Marta Lidia Vedio, Alicia Estela Peralta, Javier Frías, Silvina Soledad Negrete y Ariadna Celeste Acevedo.

-Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Asociación civil Liga Argentina por los Derechos y Deberes del Hombre, y las víctimas Carlos Moisés Pinto (Alberto Pinto), Alberto Lorusso, Frida Rochocz (Gonzalo Abel Carranza), Alfredo Bravo.

Cabe destacar que otra de las resoluciones del TOF Nº 1 integrado por Rozanzky, Falcone y Portela, consistió en hacer saber que en las audiencias de debate sólo podrán intervenir dos letrados patrocinantes por cada una de las partes querellantes.

One thought on “Historia de la causa

  1. A la tristeza, el dolor, la furia y la impotencia, hoy le sigue la luz, el camino y la justicia!
    A mis compañeros… los que se fueron… el enorme reconocimiento como argentina porque dieron lo más preciado: la vida.
    A mis compañeros… que aún sufren… un gran abrazo, ese que nos une desde lo más profundo… la idea y el amor.
    Y a quienes encarnan la justicia… Gracias por atreverse!

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