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La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata es una organización no gubernamental cuyos objetivos son: Defender los Derechos Humanos en su acepción más amplia, contribuir a su enseñanza y a su difusión, dotar a esta temática de sólidos fundamentos jurídicos y académicos con una clara visión de futuro mediante la investigación y la docencia. Llevar adelante los reclamos de Memoria, Verdad y Justicia para nuestro pueblo. Llevar adelante el Juicio por la verdad, iniciado junto a otros organismos y particulares en 1998 ante la Cámara Federal de La Plata y a las causas penales derivadas del Juicio por la Verdad.

“Que Dios ilumine al Tribunal para que haya diferenciación”

 

Así le dijo el abogado defensor del médico Corsi a los jueces. Con esto, reconoce el accionar aberrante de los policías  y busca dejar a salvo el rol de su defendido. Además expresó que complicó “espiritualmente” su vida desde que empezó el juicio.

 POR SECRETARÍA DE PRENSA

 APDH LA PLATA

 – Primer informe de la jornada –

 (4OCTUBRE2010) En la sede de la Ex – Amia hay expectativa y tensión porque el juicio se acerca a su fin. Es que según dijeron los abogados si todo marcha como lo pensado el veredicto se daría esta semana, y por lo pronto hoy se dio el turno de los alegatos de la defensa.

 “Hay una suerte de magia contaminante. El Tribunal debe separar la paja del trigo”, dijo el defensor Dr Granillo Fernández, quién fue el primero en hablar, y destacó la “inocencia” de su defendido en una hora de exposición. Además, le dijo a la familia de Pinto que él no es un enemigo de ellos, sino que la vida a veces lo pone en un lugar donde “tiene que elegir”.

 En el primer tramo de exposición desmintió los informes realizados que presentó la querella y dijo que la firma de Corsi es falsa, ya que lo determinó una perito de la Corte. “Este sumario administrativo es un invento frente a un hecho que fue denunciado por el jefe Dupuy a la justicia”, arguyó.

 Lo que argumentó el abogado es que en esa impronta de denuncia el delito era otro. “No hay que olvidar que era por otro hecho, nunca fue por omisión de torturas. Sería por homicidio culposo que no tienen ninguna validez”, dijo.

 Según Fernández el sumario administrativo es el origen de “este invento” de imputación a Corsi. Así mencionó que solamente un tal testigo Álvarez lo señaló. “La confusión es entendible, esto se ha hablado acá, pero no ha habido nunca nadie que haya dicho que vio a Corsi en la celda de castigo. Nadie dijo esto, ni algo preciso y serio”.

 Otro de los aspectos que expresó el abogado defensor es con respecto a las  fotos de los imputados que fueron exhibidas en espacios públicos como aspecto que haría dudar de la sinceridad de los testigos para señalar a los penitenciarios y médicos en la audiencia.

 Luego, volvió a referirse del informe que consta en actas sobre la actuación de Corsi en la Unidad 9: “Esta ficción desvanece las imputaciones. No tiene seriedad. En este sentido no podemos partir de suponer que el informe puede ser resucitado”, expresó.

 Para Fernández su defendido era una persona de “militancia social y política”, y  “no era un torturador”, ya que se jugaba por los suyos (sic). Luego agregó: “yo lo conozco desde las épocas jóvenes. Siempre fue una persona adecuada a la Constitución Nacional. Además no tiene el perfil que se requiere para cierto tipo de delitos”, cuestión que llamó la atención en los presentes por el carácter discriminatorio de la idea, ya que habla sobre la base de un prototipo de delincuente. 

 Por tal motivo, el abogado dijo que está “orgulloso” de defender a Corsi, sumado a que a veces “la vida” lo pone en un lugar que tiene que elegir. Por eso le dejó un mensaje al Tribunal: “hay que separar la paja del trigo”. Es decir, no vincular el accionar ilegal de los policías con el accionar que se acusa a los médicos. “Hay que diferenciar a los que hicieron abuso del poder”, sentenció.

 Con respecto a la relación de Corsi con respecto al Servicio Penitenciario Bonaerense, esgrimió que “prácticamente no la hubo”, e incluso deslizó la idea de que “Creyeron que el Dr Corsi era un agente encubierto porque nadie lo conocía”.

 Granillo Fernández hasta se dio tiempo para reflexionar sobre las condiciones actuales de la Unidad 9, y admitió que “es doloroso que en el presente la situación que motiva este hecho permanezca tal cual”.ya que “en las celdas de castigo permanece la concepción inhumana”.

 En fin, el abogado pidió sentencia absolutoria: “El hecho debe ser inexistente porque no ha sido probada la omisión de auxilio”, y dejó en claro que las querellas trataron de forzar los hechos ya que según manifestó hablar de co autoría es “querer lo que no se tiene”.

 Planteo luego en cuanto a la autoría la falta de prueba y el estado de inocencia. “Debo decir que desde lo jurídico ni la querella de Ponce Núñez y Rodríguez que piden 18 años, ni el resto, ninguno de ellos es acertado porque no tienen un hecho probado”, concluyó.

“Este Tribunal carece de objetividad”

 Adriano Liva defiende al imputado Ramón “Machado” Fernández, y lo primero que le dijo al Tribunal es que solo cumple su obligación como defensor oficial, ya que constituye un juicio a la cuestión histórica.

 Luego, lanzó críticas hacia los jueces: “Considero que este Tribunal carece de objetividad, ecuanimidad e imparcialidad. Hago las reservas del caso”, indicó.

 Lo que realizó luego fue el planteo general de nulidad de testimonios porque “no se respetaron” los requisitos mínimos de legalidad como por ejemplo las fotos publicadas en Internet y espacios públicos.

 Además de dar argumentos de supuestas contradicciones de testigos, criticó el rol de las autoridades del Juicio por la Verdad ya que  la fiscalía sugiere nombres a los que declaran para ver si los ubican. “Hubo inducción indebida y los testimonios han sido manipulados”, expresó al respecto.

 Además esgrimió que su defendido en la requisa del 13 de diciembre porque Fernández se recibió el 10 de diciembre de 1976 y le designaron un destino el 25 de abril de 1977.

 Minutos después solicitó al Tribunal que se declare la nulidad de Ribadeneira, Elizalde, Bettiol, Strelecky, Gutiérrez, Molina, Mogordoy, Corvalán, Podolsky, Suárez, Villanueva, Calotti, Brontes y Acquaviva (entre otros)

 “Sostengo que los testigo brindados durante este debate son inhábiles. Sostengo que las pretensiones acusatorias presentan declaraciones interesadas, carecen de credibilidad y la fragilidad de la prueba”, dijo Liva, y pidió la absolución “en forma lisa y llana” respecto de la acusación de autor material del hecho a Elizalde en la requisa, de provocar tormentos a 16 personas y de ser el autor material de las víctimas Guevara, Mogilner, Olivari, Fernández y Corvalán.

 “Mi defendido tuvo una carrera intachable y fue ascendido por gobiernos democráticos” dijo el abogado y completó: “Está probado que en la Unidad 9 había otras personas que eran oficiales y que tenían el mismo apellido”.

 Como argumentos a las implicaciones, dijo que las cuestiones disciplinarias no dependían de Fernández, como los castigos y demás ya que tenía un rango menor y dependía de otros. “Las condiciones edilicias y de higiene tampoco pasaban por su decisión”, aclaró.

 “Absuelto por duda”, pidió Riva al Tribunal, ya que según él este es un juicio cuya naturaleza no es otra que la jurídica y  no puede haber una forma distinta de mensuración de la prueba porque constituiría “una arbitrariedad”.

  Además pidió sobre el caso Pinto la nulidad de las pretensiones acusatorias de todas las querellas por violación del principio de congruencia y de la garantía de defensa a juicio. Por ultimó desarrolló la idea de que no son crímenes de lesa humanidad los que está acusado Fernández porque los mismos “son dolosos”, y según argumentó su defendido no formaba parte de ningún plan de represión como así tampoco vio o recibió órdenes de militares.

  “Considero que existe ausencia de elementos de prueba que autoriza imputar hechos a las víctimas. Tiene que ser declarada la absolución”, comentó, y finalizó que no debe ir a cárcel común en caso de condena porque cuenta con problemas de salud y eso sería perjudicial.

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La fiscalía dijo que los imputados formaban parte de una “empresa criminal conjunta”

 Entre los Doctores  Shapiro y Molina hubo más de cuatro horas de exposición ante el Tribunal, donde se habló punto por punto de las cualidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. Desde la articulación con los militares hasta la complicidad con el Poder Judicial de la época.

 Por Secretaría de Prensa

APDH LA PLATA

 (29SEPTIEMBRE2010) El día martes fue un día largo para los protagonistas y los asistentes al Jucio de Unidad 9, que comienza a ver sus últimas audiencias desde sus inicios en abril. Comenzó a las 11 de la mañana con la exposición del Doctor Pinto, y concluyó a las 23 con la palabra del Fiscal Molina.  El próximo lunes continuarán los alegatos con los abogados de la defensa.

 Hubo acusaciones, pedidos de condena, ideas teóricas, citas y lecturas de testimonios  y artículos de diversos casos pasados y de la Constitución como de Organismos Internacionales para dar sustento a los argumentos. Además, la idea central de la cárcel de Unidad 9 como parte de un sistema de engranaje que buscaba aniquilar a aquellos que pensaban distinto.

 El fiscal Hernán Shapiro comenzó con seis afirmaciones, leídas también como una conclusión. Después continuó con un relato contextual, de modo genérico a hechos en materia de juzgamiento; tocó los hechos de la requisa del 13 de diciembre y los otros casos de tortura y tormentos.

 Para Shapiro la Unidad 9 funcionó como un eslabón dentro de un entramado del aparato estatal a partir de marzo de 1976 con el objetivo de implantar un orden económico determinado y un “ordenamiento de la sociedad”.

 Luego agregó que esta unidad funcionó coordinadamente con los centros clandestinos de la región y en ella se practicó la detención de presos políticos.

 “Podemos afirmar que el modo de organización está comprendido como empresa criminal conjunta. Esto es una organización comunal tácita o expresa que admite formas de participación con un fin trascendente: la eliminación de toda persona opositora al régimen que se quería instalar”, refirió el fiscal en un primer punto, quién expuso dos horas y media ante el Tribunal.

 En segundo lugar consideró que la prueba ha logrado acreditar hechos y que conforman la mayor parte de la plataforma fáctica en el escrito de acusación.

 En tercer lugar expresó que  la Unidad 9 estaba inserta en una organización criminal mayor, en un aparato de poder.

 “Los delitos de los imputados alcanzan los crímenes del derecho internacional. Son crímenes de lesa humanidad. No se puede agregar obediencia debida como argumento”, indicó en cuarto caso.

 En quinto lugar dijo que los hechos han formado parte de un genocidio contra un grupo nacional. 

 Por último lugar vinculó a que  la prueba ha sobrepasado la plataforma que traían con anterioridad al juicio. “Hay nuevos hechos que se han podido apreciar”, arguyó, y destacó la participación de ex miembros del poder judicial, del personal de las fuerzas armadas.

 “Estaba todo planificado”

 Shapiro habló de forma clara y concreta. No pareció afectarle las dos horas de exposición monologa ante los presentes.

 “No me olvido de las torturas seguidas de muerte dentro del penal. El endurecimiento se produce en forma paralela al surgimiento de la mayor parte de centros clandestinos de la región.  La Cacha, Puesto Vasco, Comisaría V, Brigada de Investigación, La Perla, Pozos de Banfield y de Quilmes, etc. No es casual, a partir de la asunción de Dupuy comienza todo”, expresó.

 De forma ordenada fue nombrando las distintas cualidades dentro del penal: tortura sistemática, humillaciones, homicidios, ingresos y egresos de personas clandestinamente detenidas, incertidumbre acerca de la vida propia y de la familia. Como argumentos, los casos de Mogordoy, Martínez y Villanueva que han dado cuenta de esto.

 Luego esgrimió que comenzó una redistribución de presos políticos con un rol planificado entres “recuperables” o “irrecuperables”. A su vez se encontraban los pabellones I y II denominados “de la muerte”.

 Además según dijo se provocaba un sufrimiento psicológico extra, como un “corredor de la muerte”, ya que allí las personas esperaban con incertidumbre cuando les tocaba.

 Sobre los chanchos.

 “Seguir llamándolos pabellones de aislamiento o seguridad provoca eufemismos. Estar ahí ya era recibir tormentos”

“Había requisas de rigor cuando se ingresaba. La angustia de estar a merced del poder brutal de los empleados del penal. El aislamiento sin la familia y sin resguardo judicial. En muchos casos sin que la familia sepa donde estaban”

Shapiro indicó que las torturas en los chanchos fueron escuchadas por detenidos fuera de los chanchos. Destacó además que las víctimas debían tomar agua de las letrinas y que no tenían abrigo. “Con suerte un colchón a la noche”

Además la comida insuficiente, a veces hervida y a los dos minutos se la sacaban. “TODO ESTE CONJUNTO DE CIRCUNSTANCIAS CONSTITUYEN TORTURAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS”, expresó.

Era un instrumento simbólico de poder: como amenaza y como persecución permanente de los detenidos. Sanciones absurdas que eran excusas para provocar sufrimientos. Gutiérrez, Calotti, Fernández, Zanola, Caldarola, Bettiol, Vechio, Ortiz y Veiga, entre otros, hablaron de ello.

-Pequeñas celdas sin iluminación, medicación con agua que pudieran sacar.

-Un lugar frío con un ventilador en el fondo que aumentaba esa sensación.

-Se mojaban los pisos con agua. Algunos testigos hablaban que tenían que caminar para evitar hipotermia.

-Las golpizas permanentes, los gritos.

-Las duchas con jabón blanco para disimular los golpes.

Pérez Ezquivel, Bettiol, Gigliani, Veiga, entre otros, dieron cuenta de esto.

 

Sobre Los médicos

  El fiscal hizo cita del testigo Podolsky en el momento que declaró: “la mirada de Favole parecía la de un asesino, no estaba asustado. Deja mucho que desear. Te daban una pastilla. Muchos de los detenidos (Corvalán, Pérez Ezquivel, etc) recibían una pastilla que parecía ser la misma”

Luego usó el argumento de los testigos que indicaban que al otro día se levantaban trastabillando o quedaban “bobos”, como dijo Calotti.

Vinculación U9 y estructura clandestina de la dictadura militar.

 Son ocho puntos específicos que destacó el Fiscal

 1 – Interrogatorios políticos.

2 – Creación de pabellones de la muerte. Militantes Montoneros o ERP.

3 – Ingreso y egreso del penal desde y hacia centros clandestinos de detención.

(Jozami recibió la visita de la esposa en el 78 y estaba secuestrada desde el 76 en una oficina cercana a la de Dupuy)

4- Presencia de personas que no se encontraban blanqueadas. Ni bajo autoridad judicial ni bajo decreto del poder de facto (Molina, Pichinini, Frega)

5- Ingreso y egreso de personas encapuchadas (bettiol, gutierrez, delgado)

6- ingreso y egreso de individuos que operaban en la faz clandestina (astiz por ej visitó la unidad)

7- ejecución de personas que egresaban del penal. (cabo, pirles, geogiadis, etc)

8- desaparición de familiares. conocimiento de los oficiales sobre los familiares de desaparecidos (madre de Elizalde, sus hermanos y su novia.)

Rebaynera fue a la celda de Anguita y desaparece la madre cuatro días después. Suárez habla del secuestro de su novia. Niselsky sobre la desaparición de la esposa de Horacio Crea.

31 casos de familiares desaparecidos de ex detenidos de la unidad 9 de La Plata.

 Complicidad judicial

 Hubo claros casos de falta de asistencia. Directa complicidad. Mogordoy, Podolsky, Jozami, Martínez hablan de abogados o jueces que no podían hacer nada. Crea sobre la entrevista de Sarmiento.

 Personal militar.

 – Visitas del Teniente Sanchez Toranzo, el Gobernador Saint James y el Ministro de Gobierno Jaime Smart.

 Directores de otras unidades que observaron otra conducta y que no sufrieron consecuencias por ello. El caso de Taiana que dijo que una noche le dijeron que se prepare para el traslado pero que en Devoto no había traslado nocturno.

 Visita de la Cruz Roja en 1978.

 –          Sirvió para hacer pública la situación pero no significó un tipo de mejora. Meses después fueron asesinados Pinto y Micucci.

 

“Fue en el contexto de una máscara que se armó. A la dictadura le convenía mostrar una cara distinta de lo que se veía”, dijo Shapiro al respecto.

 Crímenes de lesa humanidad.

 –          Integración de la U9 al plan general instaurado por el gobierno dictatorial.

-Eslabón en el esquema represivo.

 “El plan criminal fue contra un grupo definido y diferenciados para implantar orden social, político y económico” que se enmarca en la categoría de “genocidio”.

 Esta fiscalía no encuadra las conductas en particular en delito de genocidio” Es decir formaron parte de un genocidio.

 El sentido de la figura del genocidio, de que grupos quedan abarcados, es que son los perpetradores los que definen la característica del grupo.

Forma de exterminio masivo unilateral desde el Estado o alguna otra autoridad.  Que apunta a la erradicación con criterios de selección.

 

 RESPONSABILIDAD POR HECHOS DE LA REQUISA

 En el marco de un aparato organizado de poder, práctica colectiva y sistemática de criminalidad la Unidad 9 funcionó como sub organización. La actuación de los penitenciarios puso en marcha o colaboró a mantener la maquinaria construida. “Hablamos de una teoría de la empresa criminal conjunta como marco de referencia a las imputaciones que se trata”, dijo el fiscal.

COSSO: lo acusa por ejecutar y controlar sistemas de seguridad de sus áreas, organizar planes de combate, impartir directivas de las dependencias controlando su ejecución.

“Desde el comienzo de la ejecución tuvo una posición de dirección de la requisa (scatolini, herrera, Troncoso, Vázquez) instrucciones a sus subordinados”. Por lo tanto lo considera “coautor mediato de los hechos de tormenos acaecidos durante la requisa. de todos”.

 ACUÑA: inflingió severísimos tormentos a Zabala. (Zabala, Scatolini, Herrera, Ribadeneira, Torres, Vechio, Gervolés lo mencionaron en sus testimonios) tal y como lo relata Scatolini, a Zabala lo estaban buscando para ejecutar una supuesta presunta venganza por haber pertenecido al SPB. Es AUTOR DIRECTO en la aplicación de tormentos.

 ROMERO: autor directo. Actuó durante toda su carrera en la Unidad 9.Torturas en perjuicio de Muller, de origen alemán. Romero lo puteaba, le hizo el teléfono.

 FERNÁNDEZ: autor directo por mismas razones dogmáticas que Acuña y Romero. Elizalde: “Fernández fue uno de los que me golpeó en la requisa del 13 de diciembre”.

Tormentos en perjuicio de Elizalde.

 

RÍOS: Absolución en el hecho de Brontes acreditada durante la requisa. En las causas residuales se podrá evaluar la responsabilidad.

 

REBAYNERA: Sin embargo al igual que Ríos no se han producido pruebas de tormentos a Brontes. “Solicitamos absolución en este hecho puntual”, dijo, pero no en los restantes.

 Torturas en los chanchos.

 Teniendo en cuenta el pequeño espacio ocupado “los imputados presentes son co autores de tormentos físicos o psíquicos sufridos”. La presencia aún cuando no hayan golpeado, era reforzar el modus operandi de los tormentos en generar una superioridad numérica para generar estado de indefensión.

En los casos en que los tormentos fueran en otro sectores del penal. Autores o co autores.

 DUPUY VEGA Y RÍOS por su posición funcional autores mediatos. Todos los hechos se le atribuyen. Solo basta que una persona sufrió torturas.

 RESPONSABILIDAD PARTICULAR

 Rebaynera: autor material de tormentos (Suárez, Podolsky, Anguita, Pinto, y Ribadeneira entre otros).

Co autor por dominio funcional sobre Gutiérrez, Elizalde, Bettiol, Capella, Pérez Ezquivel, Mogordoy, Acquaviva entre otros. Co autor por torturas reiteradas en 19 oportunidades

 Ramón Fernández: autor material de las torturas a Guevara, Corvalán, Bettiol, Gutiérrez, Mogordoy y  Álvarez entre otros. Tormentos en 12 oportunidades en concurso real.

 Basualdo: co autor por dominio funcional del hecho. Torturas a Acquaviva y Ribadeneira entre otros.

 Romero: co autor  por tormentos a Jonson y  Elizalde entre otros.

  Peratta: Fue uno de los imputados más reconocidos y señalados por las torturas. autor material de torturas sobre Martinez, Veiga y  Mogordoy entre otros.  

  Morel: coautor de tormentos sobre   Arquéz.

 DUPUY: Máximo responsable de la U9. Dando órdenes o brindando las condiciones es responsable en calidad de autor mediato por tormentos a Elizalde, Bettiol, Gutiérrez, Ribadeneira, Acquaviva, Scatolini, Villanueva, Jozami, Caldarola, Vecchio, Anguita, Arguello y Calvo entre otros. En total son 57 casos. Autor directo de tormentos a Pérez Esquivel

 VEGA: su aporte para el normal funcionamiento. Autor mediato  de tormentos sobre   Elizalde, Bettiol, Mogordoy, Acquaviva, Ortiz, Esquivel, Slepoy, Scatolini, Jozami, Caldarola, Vecchio, Corvalán, Anguita, Arguello y Calvo. Son 64 casos.

 RÍOS: al igual que vega consentía dando órdenes. Calidad de autor mediato   sobre decenas de personas (no precisó el fiscal).

 Sobre las salidas de los detenidos

 Privaciones ilegales cometidas en reiteradas oportunidades por funcionarios públicos.

 Coautores mediatos de los hechos de salidas de detenidos. Mediata porque los imputados Dupuy, Vega y ríos ordenaron o permitieron en el ejercicio de sus cargos. La coautoría porque hay un acuerdo. Hay distribución de la tarea. Terminan por configurar el hecho total.

 VEGA: Coautor mediato de las privaciones ilegales de tres personas.

RÍOS. Coautor mediato de privación ilegítima de libertad. Funcionario público en abuso de sus funciones.

 Sobre inspección ocular en unidad 9.

Deficientes condiciones edilicias y de mantenimiento. Frío extremo. Pisos cubiertos con agua o húmedos. Faltaban cerramientos, limpieza deficiente. Los chanchos hoy se encuentran desde el punto de vista constructivo casi inalterado con respecto a aquella época. “Esto para esta unidad fiscal resulta incompatible con el trato humano que se apoya en tratados internacionales” agregó.

Falta de juzgamiento oportuno. El juzgamiento de estos hechos no solo es importante desde el punto devista de la memoria histórica, sino que colabora al afianzamiento de los derechos humanos.

Cambio de carátula para los médicos

 Al contrario de las penas que pidieron los integrantes de la querella, en su alegato, el fiscal Marcelo Molina, sorprendió a propios y extraños al pedir un nuevo cambio de carátula para los médicos Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi por entender que su conducta se encuadra en la figura penal de “omisión de evitar la comisión de torturas”, delito por el que pidió un castigo de diez años de presidio.

Hay que recordar que los médicos habían llegado en libertad al juicio pero un cambio de calificación -pedido por el propio Molina- terminó con los médicos tras las rejas cuando el 10 de agosto los jueces del TOCF Nº 1 de La Plata hicieron lugar a ese planteo de ampliación como coautores de “torturas seguidas de muerte”.

Anoche, a medida que avanzó en su exposición, Molina quedó solo en el estrado. Los representantes de la querella, intuyendo la jugada, abandonaron sus sillas y se sentaron entre el público. El mensaje fue más que claro y su disconformidad fue explícita en los comentarios que realizaron tras el cierre de la extensa jornada judicial de ayer. “Tenemos una calentura que volamos”, resumieron distintos actores consultados. También criticaron la calificación de “homicidio simple”, en lugar de “calificado”. 

“No es venganza ni revancha, sino justicia”

 El Dr Inti Pérez Aznar habló en representación  de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en segunda oportunidad con la idea de “prevenir y sancionar cuando se deba” y “buscar justicia, memoria y verdad”, según manifestó.

Por Secretaría de Prensa y Difusión

APDH LA PLATA

 (28Septiembre2010) “Hay una necesidad de reconstrucción histórica, porque lo que pasó fue un genocidio”, esgrimió, y agregó: “en Argentina hubo una dictadura que tuvo como modelo imponer un Estado que extermine al que se oponga. Deben calificarse como delitos de lesa humanidad, y a los funcionarios de Unidad 9 como autores y partícipes”.

 El abogado brindó argumentos en casi dos horas de exposición, y dejó en claro que la unidad 9 funcionaba como cárcel legal pero los testimonios mostraban entradas y salidas de ilegalidad, y que “junto con otras cárceles representó un circuito represivo” dentro del marco de un plan criminal.

 Además, resaltó que los detenidos pertenecían a diversas capas sociales. “Lo dijo Slepoy, había todo tipo de personas: empresarios, intelectuales, obreros”, sentenció Aznar.

 La requisa del 13 de diciembre, las celdas de castigo, la Ley de Fuga y los “pabellones de la muerte” y la certeza de que 1976 había normas que impedían que se cometieran delitos de lesa humanidad  fueron algunos de los puntos en que se centró el joven abogado: “Los penitenciarios sabían que las personas en cualquier momento podían morir”, dijo, en esta idea de abuso del aparato estatal para aplicar el genocidio

 Sumado a esto, mencionó que estaba prohibida la tortura en 1976, y que cualquier sufrimiento físico, psicológico, cruel o degradante “es tortura”. Además, en aquella época no se aplicaba la obediencia debida, para contrarrestar los argumentos de Dupuy (ex Director de Unidad 9 en dictadura) semanas atrás.

 “Hubo un enemigo construido por la dictadura cívico militar con diferentes decretos. Había manuales específicos de la lucha anti subversiva con un sistema de inteligencia interna” expresó Aznar, quién calificó los más de cien testimonios como convincentes y veraces. “Todos hablaron de los chanchos, de las torturas físicas y psicológicos”, agregó, con la especial mención a las familiares de las víctimas que fallecieron en dictadura.

 Sobre el último tramo de exposición comenzó a solictarle al Tribunal las penas hacia los imputados sobre los hechos de la requisa del 13 de diciembre:

 – A Elvio Cosso que se lo condene por la aplicación de tormentos a 46 personas como autor mediato. Además como  Co autor mediato de delito de tortura a 46 personas.

 – A Victor Ríos como autor mediato. “Entendemos que fue partícipe necesario de aplicación de tormentos”, dijo.

 – A Héctor Acuña imputado por las torturas a Zabala. “Hay un error”, expresó, ya que todos los imputados en el día de la requisa “tienen que estar implicado

 Tras mencionar las actuaciones punto por punto de los penitenciaros en la aplicación de tormentos hacia los detenidos, Aznar recordó a la Unidad 9 como parte de un plan de exterminio y le pidió al Tribunal.

 – A Dupuy prisión perpetua y cárcel común por los tormentos a 59 personas. Como coautor por  homicidios y tentativa de homicidios.

– A Vega 25 años de prisión y cárcel común. Coautor mediato a 56 personas y tormentos seguidos de muerte a diversas personas.

– A Ríos 25 años de prisión y cárcel común. Coautor mediato y tormentos seguidos de muerte a varias personas.

– A Cosso 25 años de prisión en cárcel común por delito de  tormento 56 personas.

– A Morel 25 años de prisión y cárcel común. Partícipe necesario de tormentos y coautor material homicidio de Alberto Pinto.

– A Fernández 25 años de prisión y cárcel común. Coautor material tormentos 16 personas.

– A Peratta. 15 años de prisión y cárcel común. Coautor material de tormentos impuestos a 9 personas.

– A Acuña 15 años de prisión y cárcel común e inhabilitación perpetua.

– A Basualdo 15 años. Coautor  material de distintos tormenos.

– A Romero 15 años autor material de tormentos impuestos a 3 personas. Autor material en 5 otros tormentos.

– A Jurío, Corsi y Favole 20 años de prisión a cada uno. Coautores de tormentos seguidos de muerte a  Alberto Pinto.

– A Rebaynera 25 años de prisión. Partícipe necesario tormentos requisa 13 diciembre.

Aznar pidió luego que se investigue en primera instancia casos divulgados, por los jueces mencionados de la dictadura. Además pidió cárcel común por más que tenga más de 70 años. “El caso de Etchecolatz debe servir como ejemplo”, disparó.

Luego concluyó que se debe crear conciencia social sobre el peor exterminio donde desapareció una generación que quería un país diferente. “Aún hoy se ven las consecuencias del exterminio. Se mataron distintas personas, se los persiguió, se los encarceló. Todo ello en la Unidad 9. En el marco del plan de exterminio en todo el país. No es venganza ni revancha, sino justicia”.

Carlos Pinto pidió prisión perpetua para los médicos imputados

 El abogado fue el primero en  dar los alegatos el día martes. Se refirió a las complicidad de los médicos como un engranaje en la estructura de poder y se refirió a las golpizas de los penitenciarios hacia su hermano Alberto, fallecido tiempo después

 POR SECRETARÍA DE PRENSA Y DIFUSIÓN

 APDH LA PLATA

 Primer informe de la fecha

 (28SEPTIEMBRE2010) Carlos Moisés Pinto fue el primero en tomar la palabra en la audiencia del martes. Su caso es particular, porque mas allá de la condición de abogado querellante es el hermano de Alberto Pinto, personaje emblemático según los compañeros que permanecieron en cautiverio en Unidad 9 y que era golpeado por los penitenciarios en su condición de epiléptico.

 Encima, los médicos no ayudaban y se complotaban con la estructura de poder policial. Por lo menos así lo hizo saber el abogado, quién hace años se dedica a la causa con pasión y con la idea de no olvidar.

 Comenzó hablando de los tan nombrado pabellones de castigo. Ese lugar que las víctimas le dieron el lugar de “chanchos”. Así se refirió en primer término: “Estar bajo esas condiciones  en sí mismas significaban tormentos y torturas psíquicas y psicológicas”, y agregó: “Era un pabellón de castigo hecho para volverlos locos o que se suiciden. Oscuros, sin agua, en un lugar chico. El objetivo era la destrucción de los presos. Algunos se suicidaron y a otros los suicidaron”.

 Luego utilizó como argumento parte de la declaración del testigo Arias, quién observó desde su celda como entre cuatro y cinco guardia cárceles se turnaban para golpear a Alberto. “Me estremeció mucho su declaración” indicó.

 No pudo ocultar el querellante su idea general sobre el rol de los médicos:“Estos asesinos esperaban que pasara lo mismo que con otros torturados”, dijo, y completó: “No era usual que los médicos visitaran las celdas de castigo. Miraban por el pasaplatos y seguían de largo”.

 Las tácticas de las autoridades de la época para tapar las verdaderas causas de la muerte de Alberto fue otro de los tópicos que desarrolló Carlos Pinto.

 En primer lugar hablo del certificado del Dr Herrera donde aparece la palabra “caída”, pero que en el certificado del día 18 se suprime esa palabra, aspecto que lo llevó a preguntarse el por qué de la decisión.

 En relación a las declaraciones de Morel, Fernández y Videla “trataron de fabricar una situación en la cual la culpa la tenía la víctima como ataques de nervios o lesiones”

 Luego apuntó contra uno de los médicos imputados, Corsi: “Dijo que era un hombre de izquierda, pero no sé que hacía en el año 1977 como engranaje dentro del aparato de poder organizado. Ellos no podían ignorar a qué estructura habían ingresado. Participaban del plan de exterminio”. 

 Pinto habló de una maquinaria médica y estructura organizada para aplicar el plan criminal de la dictadura militar que operaba en cárceles y centros clandestinos y destacó que ninguno de los integrantes es inocente.

 Una de las personas imputadas que declaró en dos oportunidades fue el médico Jurío, en carácter de indagatoria. En la segunda oportunidad el médico acusado dijo que tenía ganas de abrazar a Carlos Pinto (en aquella audiencia no estaba presente) por lo que le sucedió a un ser querido. Incluso llegó a decir que lloró tanto la muerte de Alberto Pinto como la de René Favaloro.

 La respuesta de Carlos no se hizo esperar: “Yo no quiero el abrazo de Jurío, quiero la reparación de la justicia. Quiero la verdad, no por venganza, sino porque es sana”. Luego reflejó que la función de los médicos es categórica en relación a las torturas.

 Fueron más de setenta minutos de exposición frente al Juez Rosansky, donde el abogado estuvo tranquilo y criticó las contradicciones de Corsi en su declaración indagatoria: “dijo que no se acordaba de Alberto Pinto, pero lo vio 17 veces. Lo dice la historia clínica”.

 El abogado llegó a la conclusión de que la terapia intensiva del Instituto del Tórax estuvo intervenida: “En la historia clínica dice que mi hermano entró desde el Hospital San Martín, no desde la cárcel”

 En fin, para Pinto los médicos el  tenían control de la situación y  hubo una “omisión activa”, ya que al no interrumpir el curso causal “cada uno tuvo el dominio del hecho porque si a Alberto se lo hubiera atendido con el cuadro abdominal dañado le hubieran salvado la vida”.

 El abogado hasta se preguntó porque su hermano tenía la condición de hebreo en la ficha del Servicio Penitenciario Bonaerense.No sé cuanto gravitó eso. Tenían características favorables al sadismo y la perversión”. 

 En definitiva Carlos Pinto cree que el tema de la causalidad está probado, ya que hay una existencia de un dolo específico de los guardia cárceles y la coautoría y autoría mediata de Dupuy, porque el día 16 de noviembre a posteriori y contra todos los reglamentos carcelarios, da entre 15 y 20 días más de castigo cuando su hermano “por esas horas tenía una enfermedad grave”

 Además agregó que el mismo carnero que llevaba la  notificación de sanción manifestó que un enfermo epiléptico no puede estar en la celda de castigo. “Rebaynera dijo que tenía reiteradas crisis epilépticas”, explayó.

 Aquí se puede observar las últimas palabras del abogado antes de pedir la condena los médicos:

 Alberto Pinto fue objeto de prolongadas golpizas y torturas por un grupo de penitenciarios de Unidad 9 a partir de la media mañana del 15 de noviembre de 1978. Morel, Fernández y otros penitenciarios estuvieron a cargo.

Las torturas fueron consumadas con goce perverso por un grupo de personas idóneas. Los médicos imputados y que no posibilitaron o consintieron las torturas y alentaron la continuidad y atroces sufrimientos omitiendo sacarlos de la celda y no reconociendo las lesiones y enfermedades, el riesgo de muerte.

El hecho en sí está probado, que hubo torturas está probado, que a consecuencias se produjo la muerte de mi hermano, que sufrió dolores espantosos, que los médicos tuvieron dominio sucesivo con conciencia de que debían intervenir y sacarlos de las tenebrosas celdas de castigo y no lo hicieron.

En todo momento acá existió una intencionalidad que es el dolo directo de causar la muerte. Si no hubo intencionalidad, cuanto menos hubo representación, de que era un medio que podía llevarlo a la muerte con altas posibilidades. Eso le fue indiferente. No podían desconocerlo.

Bajo el concepto de intención o propósito cae lo que el sujeto percibe por dolo directo. En el dolo indirecto el autor no tiene la intención directa de producir resultado pero sabe que ello será una consecuencia necesaria de su acción. Si el autor no hace nada para evitar puede que le sea indiferente la consecuencia.

No cabe la atenuación que representa la tortura seguida de muerte. Hay un concurso ideal y creo que la justicia hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Aunque se trate de un caso no se puede excluir la figura más grave. Hemos tenido que asistir a escuchar a los testigos, el curso desde un comienzo que tuvo la muerte de Alberto. PIDO PRISIÓN PERPETUA PARA LOS ACUSADOS.

La querella alegó sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la U9

Los abogados querellantes iniciaron la exposición respecto a las acusaciones contra los catorce agentes del servicio penitenciario. Hasta el momento, todos los abogados tomaron como eje central de análisis la figura del genocidio.

Por Secretaria de Prensa y difusión

APDH  LA PLATA

(27deseptiembre2010) Marcelo Ponce Núñez, abogado que representa a la CTA en la querella unificada con la APDH La Plata, fue el primero en comenzar con los alegatos el lunes 27 y lo hizo a partir de una frase que Videla pronunció en diciembre de 1976 en la que el ex dictador se refirió al respeto a los derechos humanos como “la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental y es seguramente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que ejercemos en pleno la autoridad; no para conculcar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla.”.

Acto seguido, el abogado aludió a la división de poderes que existe en nuestro país desde 1853 y a los derechos ciudadanos que, desde 1930, fueron violados por los gobiernos de facto que se sucedieron. Asimismo, detalló la legislación nacional e internacional que existía antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, en la que hubo “fuerzas que promovieron un genocidio mediante la instrumentalidad del golpe de Estado”.

Según la querella CTA-APDH La Plata, “existió un grupo de civiles y militares que por fuera del Estado y la estructura nacional se dedicó a eliminar grupos concretos que se opusieran a la organización nacional o no quisieran someterse a ella”. “Esos fueron los fines del grupo agresor”, añadió Ponce Núñez.

En otro orden, el abogado calificó a la prueba como “abrumadora” y “de valor sustancial”, además de reconocer la existencia de “elementos más que probados sobre la gravedad de los hechos”.

Respecto a la responsabilidad del ex director del penal Abel Dupuy, Ponce Núñez afirmó que “el Servicio Penitenciario Bonaerense estuvo sujeto al Poder Judicial y al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires” y alegó que “fue nombrado el 30 de noviembre de 1976”. “Diez días más tarde y dos antes de la requisa, según la declaración del testigo Rojas, Dupuy recibió la visita del interno”, agregó.

También aludió a las declaraciones de los testigos Scatolini, Herrera y Caldarola para evidenciar que el jefe de la Unidad debió encontrarse presente el 13 de diciembre de 1976 (día de la requisa) y agregó que “fue puesto al frente de la ‘cárcel modelo’ para la destrucción del grupo”. “La U9 estaba siendo preparada para el genocidio y se entregó de jefe a jefe”, añadió.

Si bien Ponce Núñez hizo mención a las víctimas de la requisa, puntualizó en los casos de Zavala, ex jefe superior del SPB, Podolsky y Galansky Coper, por haber recibido golpizas con un mayor ensañamiento.

Sobre tipos de torturas más allá de las físicas, el abogado amplió las de tipo psicológico, como es el caso de la canción de Roberto Carlos “Te agradezco Señor por un día más” que, según algunos testimonios, se escuchaba por las noches. Asimismo se alegó sobre las desapariciones físicas, los “Pabellones de la muerte”, la supuesta subordinación al Ejército y la clasificación de los internos según su grado de peligrosidad.

Los casos de Dardo Cabo y Rufino Pirles fueron mencionados por Ponce Núñez en tanto existió una orden de traslado que debió haberse efectuado, según la legislación correspondiente, por el SPB y no por el poder militar. En palabras del abogado de la CTA, “sobre Georgiadis y Rapaport, la orden consistió en un traslado para indagatoria por parte de personal militar”.

Por otra parte, las celdas de castigo conocidas como “chanchos” fueron objeto del alegato ya que “eran un cubículo de cemento con una letrina sin agua, donde se propinó un trato degradante e inhumano hacia los internos a partir de castigos, condiciones insalubres y de carente atención médica”. En este sentido, vale destacar el relato de los testigos, quienes aseguraron haber visto salir del penal a otros detenidos y devueltos en “estado deplorable” tras visitas a los diferentes Centros Clandestinos de Detención.

También se refirió a los supuestos suicidios de Marcos Ibáñez Gatica, castigado alevosamente en los “chanchos” y del interno La Sala, víctima del imputado Peratta, según la declaración de varios testigos. 

Uno de los hechos más emblemáticos que se están juzgando en la causa tiene que ver con Alberto Pinto, quien padecía de epilepsia y no recibió el cuidado necesario. Ponce Núñez dijo que “la recepción del interno en la U9 fue a los golpes y de inmediato a la celda de castigo”. En cuanto al registro de atención médica, el abogado arguyó que “toma valor a partir de que se le detecta gran mal epiléptico y se le da analgésicos, aunque permanece en los calabozos de castigo”. Y agregó: “Nadie se iba a dar cuenta si tenía un ataque de epilepsia porque las puertas eran de metal y, sobre la perforación intestinal, ésta no se puede haber dado por un ataque de epilepsia”.

Luego de lo  expuesto por el  representante de la CTA, el Doctor Oscar Rodríguez, abogado querellante por la Asamblea por los derechos Humanos La plata, se refirió a las calificaciones de los delitos para cada imputado y en relación a ello las penas correspondientes.

Rodríguez fue solvente y concreto en su discurso en el que se resolvió pedir prisión perpetua para Abel David Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera quienes ocuparon un rol jerárquico a partir de la requisa del 13 de diciembre de 1976  y  quienes tuvieron la responsabilidad máxima de los hechos ocurridos en la Unidad 9 durante el periodo analizado en el debate. 

Elvio Osmar Cosso: se desempeñó como Director de Seguridad del Servicio Penitenciario y fue quien estuvo al mando de la requisa del 13 de dicieembre .La querella alegó que su presencia allí obedeció a una decisión de supervisar directamente la requisa, con su contenido de comisión masiva de delitos contra la integridad física de las personas y de puesta en marcha de un plan sistemático de tortura, muerte, delación y quebrantamiento psicofísico al interior del penal. Por tal razón, se pidió en este caso la pena a 25 años de prisión.

Ramón Fernández: quien fuera miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense y se desempeñó como Inspector de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 9 hasta el 4 de septiembre de 1978  En este caso, la querella lo  señalo como culpable de un hecho de tortura seguida de muerte  y 12 casos de tortura por lo cual se pidió la pena a 25 años de prisión.

Jorge Luis Peratta: Alias “El Vietnamita”, se desempeñó como adjuntor de la Unidad Carcelaria Nº 9 entre el 3 de diciembre de 1974 y el 31 de marzo de 1978. En este caso , la querella lo encontró responsable de 5 hechos de tortura, por tal motivo,  solicitó la pena a 22 años a prisión.

 Valentín Romero: Alias “culito de goma” ,fue designado en 1966 guardián de la Guardia Interna de la Unidad Carcelaria Nº 9 y, a partir de 1977, se desempeñó en el área de Vigilancia y Tratamiento. Se lo encontró responsable de 3 hechos de tortura por lo cual se solicitó la pena a 19 años de prisión.

 -Segundo Andres Basualdo: Cumplía el rol de Oficial Penitenciario dentro de la Unidad Nº 9. Se lo identifica como el “cabo Basualdo”, cargo que desempeñó desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 1977.  La querella alego la responsabilidad en dos hechos de tortura  y solicitó la pena a 16 años de prisión.

Catalino Morel: Se desempeñó como adjuntor en la Unidad Nº 9 entre el 1 de septiembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1977. Estaba a cargo de la custodia del detenido Alberto Pinto, una víctima en situación de extrema vulnerabilidad que fue sometida a torturas por varias personas, al punto de causarle la muerte. En este caso particular, la querella lo reponsabiliza de garantizar la seguridad e integridad fisica del detenido.

Por lo expuesto, se resolvió calificar al imputado  del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto y  la pena a 18 años de prisión .

Héctor Raúl Acuña: Más conocido como “el oso Acuña”, cumplía la función de Subalcaide del Servicios Penitenciario Bonaerense dentro de la Unidad Nº 9.

La querella lo responsabiliza  por el delito de tortura cometido contra Eduardo Zavala, tomando en cuenta el ensañamiento particular contra la víctima, la motivación de venganza en personal y política, así como la situación de indefensión que se agravaba por la participación de varias personas en el castigo. Por consiguiente, se  solicitó la pena a 15 años de prisión.

Luis Favole, Enrique Corsi, Carlos Jurío- Los tres se desempeñaron como médicos dentro de la Unidad 9.Se los responsabiliza del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto , mensurando como agravante la formación profesional de los tres autores y el juramento hipocrático prestado. Se solicitó para los tres la pena a 18 años de prisión.

Alegato  Justicia ya!

Tras la presentación de la querella unificada por la Central de trabajadores argentinos(CTA) y la Asamblea Permanente por los derechos humanos La Plata(APDH La Plata), el colectivo Justicia Ya!, presentó su alegato de la mano de la Doctora Guadalupe Godoy y el doctor Pablo Castelli.

Godoy inició el alegato aclarando la posición de la querella respecto a la figura del genocidio y de entender lo sucedido en la Unidad 9, dentro del proceso genocida que tuvo su inicio tras el golpe militar de Marzo de 1976.

Se refirió al plan de exterminio que perpetró la dictadura, el  cual tenía como objeto “detectar y desarmar grupos, crear desconcierto e instalar el  temor”, a su vez que buscaba “romper lo colectivo”.

Afirmó que durante el debate se recabó  prueba sólida y  suficiente para comprobar cuál fue el papel del Servicio Penitenciario, el cual alegó que no se subordinaba a las directivas de las Fuerzas militares sino que funcionaba en coordinación con ellas.

Respecto a la requisa del 13 de diciembre, la abogada sostuvo que los testimonios “fueron coincidentes y  creemos que todos los casos dan fe la veracidad de los hechos”.

Tras un extenso alegato, el colectivo Justicia ya! , pidió prisión perpetua para Abel David Dupuy. Respecto a Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Osmar Cosso, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Raúl Aníbal Rebaynera, Carlos Domingo Jurio, Luis Favole y Enrique Corsi a la pena de 25 años de prisión, y a Héctor Raúl Acuña a la pena de 15 años de prisión.

Alegatos

El juicio a los penitenciarios

La querella alegó sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la U9

Los abogados querellantes iniciaron la exposición respecto a las acusaciones contra los catorce agentes del servicio penitenciario. Hasta el momento, todos los abogados tomaron como eje central de análisis la figura del genocidio.

Por Secretaria de Prensa y difusión APDH, LA PLATA

(27deseptiembre2010) Marcelo Ponce Núñez, abogado que representa a la CTA en la querella unificada con la APDH La Plata, fue el primero en comenzar con los alegatos el lunes 27 y lo hizo a partir de una frase que Videla pronunció en diciembre de 1976 en la que el ex dictador se refirió al respeto a los derechos humanos como “la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental y es seguramente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que ejercemos en pleno la autoridad; no para conculcar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla.”.

Acto seguido, el abogado aludió a la división de poderes que existe en nuestro país desde 1853 y a los derechos ciudadanos que, desde 1930, fueron violados por los gobiernos de facto que se sucedieron. Asimismo, detalló la legislación nacional e internacional que existía antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, en la que hubo “fuerzas que promovieron un genocidio mediante la instrumentalidad del golpe de Estado”.

Según la querella CTA-APDH La Plata, “existió un grupo de civiles y militares que por fuera del Estado y la estructura nacional se dedicó a eliminar grupos concretos que se opusieran a la organización nacional o no quisieran someterse a ella”. “Esos fueron los fines del grupo agresor”, añadió Ponce Núñez.

En otro orden, el abogado calificó a la prueba como “abrumadora” y “de valor sustancial”, además de reconocer la existencia de “elementos más que probados sobre la gravedad de los hechos”.

Respecto a la responsabilidad del ex director del penal Abel Dupuy, Ponce Núñez afirmó que “el Servicio Penitenciario Bonaerense estuvo sujeto al Poder Judicial y al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires” y alegó que “fue nombrado el 30 de noviembre de 1976”. “Diez días más tarde y dos antes de la requisa, según la declaración del testigo Rojas, Dupuy recibió la visita del interno”, agregó.

También aludió a las declaraciones de los testigos Scatolini, Herrera y Caldarola para evidenciar que el jefe de la Unidad debió encontrarse presente el 13 de diciembre de 1976 (día de la requisa) y agregó que “fue puesto al frente de la ‘cárcel modelo’ para la destrucción del grupo”. “La U9 estaba siendo preparada para el genocidio y se entregó de jefe a jefe”, añadió.

Si bien Ponce Núñez hizo mención a las víctimas de la requisa, puntualizó en los casos de Zavala, ex jefe superior del SPB, Podolsky y Galansky Coper, por haber recibido golpizas con un mayor ensañamiento.

Sobre tipos de torturas más allá de las físicas, el abogado amplió las de tipo psicológico, como es el caso de la canción de Roberto Carlos “Te agradezco Señor por un día más” que, según algunos testimonios, se escuchaba por las noches. Asimismo se alegó sobre las desapariciones físicas, los “Pabellones de la muerte”, la supuesta subordinación al Ejército y la clasificación de los internos según su grado de peligrosidad.

Los casos de Dardo Cabo y Rufino Pirles fueron mencionados por Ponce Núñez en tanto existió una orden de traslado que debió haberse efectuado, según la legislación correspondiente, por el SPB y no por el poder militar. En palabras del abogado de la CTA, “sobre Georgiadis y Rapaport, la orden consistió en un traslado para indagatoria por parte de personal militar”.

Por otra parte, las celdas de castigo conocidas como “chanchos” fueron objeto del alegato ya que “eran un cubículo de cemento con una letrina sin agua, donde se propinó un trato degradante e inhumano hacia los internos a partir de castigos, condiciones insalubres y de carente atención médica”. En este sentido, vale destacar el relato de los testigos, quienes aseguraron haber visto salir del penal a otros detenidos y devueltos en “estado deplorable” tras visitas a los diferentes Centros Clandestinos de Detención.

También se refirió a los supuestos suicidios de Marcos Ibáñez Gatica, castigado alevosamente en los “chanchos” y del interno La Sala, víctima del imputado Peratta, según la declaración de varios testigos. 

Uno de los hechos más emblemáticos que se están juzgando en la causa tiene que ver con Alberto Pinto, quien padecía de epilepsia y no recibió el cuidado necesario. Ponce Núñez dijo que “la recepción del interno en la U9 fue a los golpes y de inmediato a la celda de castigo”. En cuanto al registro de atención médica, el abogado arguyó que “toma valor a partir de que se le detecta gran mal epiléptico y se le da analgésicos, aunque permanece en los calabozos de castigo”. Y agregó: “Nadie se iba a dar cuenta si tenía un ataque de epilepsia porque las puertas eran de metal y, sobre la perforación intestinal, ésta no se puede haber dado por un ataque de epilepsia”.

Luego de lo  expuesto por el  representante de la CTA, el Doctor Oscar Rodríguez, abogado querellante por la Asamblea por los derechos Humanos La plata, se refirió a las calificaciones de los delitos para cada imputado y en relación a ello las penas correspondientes.

Rodríguez fue solvente y concreto en su discurso en el que se resolvió pedir prisión perpetua para Abel David Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera quienes ocuparon un rol jerárquico a partir de la requisa del 13 de diciembre de 1976  y  quienes tuvieron la responsabilidad máxima de los hechos ocurridos en la Unidad 9 durante el periodo analizado en el debate. 

Elvio Osmar Cosso: se desempeñó como Director de Seguridad del Servicio Penitenciario y fue quien estuvo al mando de la requisa del 13 de dicieembre .La querella alegó que su presencia allí obedeció a una decisión de supervisar directamente la requisa, con su contenido de comisión masiva de delitos contra la integridad física de las personas y de puesta en marcha de un plan sistemático de tortura, muerte, delación y quebrantamiento psicofísico al interior del penal. Por tal razón, se pidió en este caso la pena a 25 años de prisión.

Ramón Fernández: quien fuera miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense y se desempeñó como Inspector de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 9 hasta el 4 de septiembre de 1978  En este caso, la querella lo  señalo como culpable de un hecho de tortura seguida de muerte  y 12 casos de tortura por lo cual se pidió la pena a 25 años de prisión.

Jorge Luis Peratta: Alias “El Vietnamita”, se desempeñó como adjuntor de la Unidad Carcelaria Nº 9 entre el 3 de diciembre de 1974 y el 31 de marzo de 1978. En este caso , la querella lo encontró responsable de 5 hechos de tortura, por tal motivo,  solicitó la pena a 22 años a prisión.

 Valentín Romero: Alias “culito de goma” ,fue designado en 1966 guardián de la Guardia Interna de la Unidad Carcelaria Nº 9 y, a partir de 1977, se desempeñó en el área de Vigilancia y Tratamiento. Se lo encontró responsable de 3 hechos de tortura por lo cual se solicitó la pena a 19 años de prisión.

 -Segundo Andres Basualdo: Cumplía el rol de Oficial Penitenciario dentro de la Unidad Nº 9. Se lo identifica como el “cabo Basualdo”, cargo que desempeñó desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 1977.  La querella alego la responsabilidad en dos hechos de tortura  y solicitó la pena a 16 años de prisión.

Catalino Morel: Se desempeñó como adjuntor en la Unidad Nº 9 entre el 1 de septiembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1977. Estaba a cargo de la custodia del detenido Alberto Pinto, una víctima en situación de extrema vulnerabilidad que fue sometida a torturas por varias personas, al punto de causarle la muerte. En este caso particular, la querella lo reponsabiliza de garantizar la seguridad e integridad fisica del detenido.

Por lo expuesto, se resolvió calificar al imputado  del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto y  la pena a 18 años de prisión .

Héctor Raúl Acuña: Más conocido como “el oso Acuña”, cumplía la función de Subalcaide del Servicios Penitenciario Bonaerense dentro de la Unidad Nº 9.

La querella lo responsabiliza  por el delito de tortura cometido contra Eduardo Zavala, tomando en cuenta el ensañamiento particular contra la víctima, la motivación de venganza en personal y política, así como la situación de indefensión que se agravaba por la participación de varias personas en el castigo. Por consiguiente, se  solicitó la pena a 15 años de prisión.

Luis Favole, Enrique Corsi, Carlos Jurío- Los tres se desempeñaron como médicos dentro de la Unidad 9.Se los responsabiliza del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto , mensurando como agravante la formación profesional de los tres autores y el juramento hipocrático prestado. Se solicitó para los tres la pena a 18 años de prisión.

Alegato  Justicia ya!

Tras la presentación de la querella unificada por la Central de trabajadores argentinos(CTA) y la Asamblea Permanente por los derechos humanos La Plata(APDH La Plata), el colectivo Justicia Ya!, presentó su alegato de la mano de la Doctora Guadalupe Godoy y el doctor Pablo Castelli.

Godoy inició el alegato aclarando la posición de la querella respecto a la figura del genocidio y de entender lo sucedido en la Unidad 9, dentro del proceso genocida que tuvo su inicio tras el golpe militar de Marzo de 1976.

Se refirió al plan de exterminio que perpetró la dictadura, el  cual tenía como objeto “detectar y desarmar grupos, crear desconcierto e instalar el  temor”, a su vez que buscaba “romper lo colectivo”.

Afirmó que durante el debate se recabó  prueba sólida y  suficiente para comprobar cuál fue el papel del Servicio Penitenciario, el cual alegó que no se subordinaba a las directivas de las Fuerzas militares sino que funcionaba en coordinación con ellas.

Respecto a la requisa del 13 de diciembre, la abogada sostuvo que los testimonios “fueron coincidentes y  creemos que todos los casos dan fe la veracidad de los hechos”.

Tras un extenso alegato, el colectivo Justicia ya! , pidió prisión perpetua para Abel David Dupuy. Respecto a Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Osmar Cosso, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Raúl Aníbal Rebaynera, Carlos Domingo Jurio, Luis Favole y Enrique Corsi a la pena de 25 años de prisión, y a Héctor Raúl Acuña a la pena de 15 años de prisión.

La querella alegó sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la U9

Los abogados querellantes iniciaron la exposición respecto a las acusaciones contra los catorce agentes del servicio penitenciario. Hasta el momento, todos los abogados tomaron como eje central de análisis la figura del genocidio.

Por secretaria de prensa y difusión APDH, LA PLATA

(27deseptiembre2010) Marcelo Ponce Núñez, abogado que representa a la CTA en la querella unificada con la APDH La Plata, fue el primero en comenzar con los alegatos el lunes 27 y lo hizo a partir de una frase que Videla pronunció en diciembre de 1976 en la que el ex dictador se refirió al respeto a los derechos humanos como “la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental y es seguramente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que ejercemos en pleno la autoridad; no para conculcar la libertad sino para afirmarla; no para torcer la justicia, sino para imponerla.”.

Acto seguido, el abogado aludió a la división de poderes que existe en nuestro país desde 1853 y a los derechos ciudadanos que, desde 1930, fueron violados por los gobiernos de facto que se sucedieron. Asimismo, detalló la legislación nacional e internacional que existía antes, durante y después de la última dictadura cívico-militar, en la que hubo “fuerzas que promovieron un genocidio mediante la instrumentalidad del golpe de Estado”.

Según la querella CTA-APDH La Plata, “existió un grupo de civiles y militares que por fuera del Estado y la estructura nacional se dedicó a eliminar grupos concretos que se opusieran a la organización nacional o no quisieran someterse a ella”. “Esos fueron los fines del grupo agresor”, añadió Ponce Núñez.

En otro orden, el abogado calificó a la prueba como “abrumadora” y “de valor sustancial”, además de reconocer la existencia de “elementos más que probados sobre la gravedad de los hechos”.

 También aludió a las declaraciones de los testigos Scatolini, Herrera y Caldarola para evidenciar que el jefe de la Unidad debió encontrarse presente el 13 de diciembre de 1976 (día de la requisa) y agregó que “fue puesto al frente de la ‘cárcel modelo’ para la destrucción del grupo”. “La U9 estaba siendo preparada para el genocidio y se entregó de jefe a jefe”, añadió.

Si bien Ponce Núñez hizo mención a las víctimas de la requisa, puntualizó en los casos de Zavala, ex jefe superior del SPB, Podolsky y Galansky Coper, por haber recibido golpizas con un mayor ensañamiento.

Sobre tipos de torturas más allá de las físicas, el abogado amplió las de tipo psicológico, como es el caso de la canción de Roberto Carlos “Te agradezco Señor por un día más” que, según algunos testimonios, se escuchaba por las noches. Asimismo se alegó sobre las desapariciones físicas, los “Pabellones de la muerte”, la supuesta subordinación al Ejército y la clasificación de los internos según su grado de peligrosidad.

Los casos de Dardo Cabo y Rufino Pirles fueron mencionados por Ponce Núñez en tanto existió una orden de traslado que debió haberse efectuado, según la legislación correspondiente, por el SPB y no por el poder militar. En palabras del abogado de la CTA, “sobre Georgiadis y Rapaport, la orden consistió en un traslado para indagatoria por parte de personal militar”.

Por otra parte, las celdas de castigo conocidas como “chanchos” fueron objeto del alegato ya que “eran un cubículo de cemento con una letrina sin agua, donde se propinó un trato degradante e inhumano hacia los internos a partir de castigos, condiciones insalubres y de carente atención médica”. En este sentido, vale destacar el relato de los testigos, quienes aseguraron haber visto salir del penal a otros detenidos y devueltos en “estado deplorable” tras visitas a los diferentes Centros Clandestinos de Detención.

También se refirió a los supuestos suicidios de Marcos Ibáñez Gatica, castigado alevosamente en los “chanchos” y del interno La Sala, víctima del imputado Peratta, según la declaración de varios testigos. 

Uno de los hechos más emblemáticos que se están juzgando en la causa tiene que ver con Alberto Pinto, quien padecía de epilepsia y no recibió el cuidado necesario. Ponce Núñez dijo que “la recepción del interno en la U9 fue a los golpes y de inmediato a la celda de castigo”. En cuanto al registro de atención médica, el abogado arguyó que “toma valor a partir de que se le detecta gran mal epiléptico y se le da analgésicos, aunque permanece en los calabozos de castigo”. Y agregó: “Nadie se iba a dar cuenta si tenía un ataque de epilepsia porque las puertas eran de metal y, sobre la perforación intestinal, ésta no se puede haber dado por un ataque de epilepsia”.

Luego de lo  expuesto por el  representante de la CTA, el Doctor Oscar Rodríguez, abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos La plata, se refirió a las calificaciones de los delitos para cada imputado y en relación a ello las penas correspondientes.

Rodríguez fue solvente y concreto en su discurso en el que se resolvió pedir prisión perpetua para Abel David Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos, Raúl Aníbal Rebaynera quienes ocuparon un rol jerárquico a partir de la requisa del 13 de diciembre de 1976  y  quienes tuvieron la responsabilidad máxima de los hechos ocurridos en la Unidad 9 durante el periodo analizado en el debate. 

 Elvio Osmar Cosso :se desempeñó como Director de Seguridad del Servicio Penitenciario y fue quien estuvo al mando de la requisa del 13 de dicieembre .La querella alegó que su presencia allí obedeció a una decisión de supervisar directamente la requisa, con su contenido de comisión masiva de delitos contra la integridad física de las personas y de puesta en marcha de un plan sistemático de tortura, muerte, delación y quebrantamiento psicofísico al interior del penal. Por tal razón, se pidió en este caso la pena a 25 años de prisión.

Ramón Fernández: quien fuera miembro del Servicio Penitenciario Bonaerense y se desempeñó como Inspector de Vigilancia y Tratamiento de la Unidad Nº 9 hasta el 4 de septiembre de 1978  En este caso , la querella lo  señalo como culpable de un hecho de tortura seguida de muerte  y 12 casos de tortura por lo cual se pidió la pena a 25 años de prisión.

Jorge Luis Peratta : Alias “El Vietnamita”, se desempeñó como adjuntor de la Unidad Carcelaria Nº 9 entre el 3 de diciembre de 1974 y el 31 de marzo de 1978. En este caso , la querella lo encontró responsable de 5 hechos de tortura, por tal motivo,  solicitó la pena a 22 años a prisión.

 Valentín Romero: Alias “culito de goma” ,fue designado en 1966 guardián de la Guardia Interna de la Unidad Carcelaria Nº 9 y, a partir de 1977, se desempeñó en el área de Vigilancia y Tratamiento. Se lo encontró responsable de 3 hechos de tortura por lo cual se solicitó la pena a 19 años de prisión.

 -Segundo Andres Basualdo: Cumplía el rol de Oficial Penitenciario dentro de la Unidad Nº 9. Se lo identifica como el “cabo Basualdo”, cargo que desempeñó desde 1974 hasta el 31 de diciembre de 1977.  La querella alego la responsabilidad en dos hechos de tortura  y solicitó la pena a 16 años de prisión.

Catalino Morel: Se desempeñó como adjuntor en la Unidad Nº 9 entre el 1 de septiembre de 1975 y el 30 de diciembre de 1977. Estaba a cargo de la custodia del detenido Alberto Pinto, una víctima en situación de extrema vulnerabilidad que fue sometida a torturas por varias personas, al punto de causarle la muerte. En este caso particular, la querella lo reponsabiliza de garantizar la seguridad e integridad fisica del detenido.

Por lo expuesto, se resolvió calificar al imputado  del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto y  la pena a 18 años de prisión .

Héctor Raúl Acuña: Más conocido como “el oso Acuña”, cumplía la función de Subalcaide del Servicios Penitenciario Bonaerense dentro de la Unidad Nº 9.

La querella lo responsabiliza  por el delito de tortura cometido contra Eduardo Zavala, tomando en cuenta el ensañamiento particular contra la víctima, la motivación de venganza en personal y política, así como la situación de indefensión que se agravaba por la participación de varias personas en el castigo. Por consiguiente, se  solicitó la pena a 15 años de prisión.

Luis Favole, Enrique Corsi, Carlos Jurío- Los tres se desempeñaron como médicos dentro de la Unidad 9.Se los responsabiliza del delito de tortura seguido de muerte en perjuicio de Alberto Pinto , mensurando como agravante la formación profesional de los tres autores y el juramento hipocrático prestado. Se solicitó para los tres la pena a 18 años de prisión.

 Alegato de Justicia ya!

Tras la presentación de la querella unificada por la Central de trabajadores argentinos(CTA) y la Asamblea Permanente por los derechos humanos La Plata(APDH La Plata), el espacio  Justicia Ya!, presentó su alegato de la mano de la Doctora Guadalupe Godoy y el doctor Pablo Castelli.

Godoy inició el alegato aclarando la posición de la querella respecto a la figura del genocidio y de entender lo sucedido en la Unidad 9, dentro del proceso genocida que tuvo su inicio tras el golpe militar de Marzo de 1976.

Se refirió al plan de exterminio que perpetró la dictadura, el  cual tenia como objeto “detectar y desarmar grupos, crear desconcierto e instalar el  temor”, a su vez que buscaba “romper lo colectivo”.

Afirmó que durante el debate se recavó  prueba sólida y  suficiente para comprobar cual fue el papel del Servicio Penitenciario, el cual alegó que no se subordinaba a las directivas de las Fuerzas militares sino que funcionaba en coordinación con ellas.

Respecto a la requisa del 13 de diciembre, la abogada sostuvo que los testimonios “fueron coincidentes y  creemos que todos los casos dan fe la veracidad de los hechos”.

Tras un extenso alegato,  Justicia ya!  pidió prisión perpetua para Abel David Dupuy. Respecto a Isabelino Vega, Víctor Ríos, Elvio Osmar Cosso, Catalino Morel, Ramón Fernández, Jorge Luis Peratta, Segundo Andrés Basualdo, Valentín Romero, Raúl Aníbal Rebaynera, Carlos Domingo Jurio, Luis Favole y Enrique Corsi pidio la pena a 25 años de prisión, y a Héctor Raúl Acuña  la pena a 15 años de prisión.

“A Marcos Ibañez lo mataron en un calabozo”

Lo aseguró el último testigo del juicio sobre una de las víctimas de la cárcel de Unidad 9 en dictadura. Luego de la declaración darán su versión más  imputados, y para la semana que viene están previstos los alegatos.

 Por Secretaría de Prensa y Difusión

APDH LA PLATA

(Primer Informe)

 (13SEPTIEMBRE2010) Luego de esperar hasta las 13.30 se retornó a la audiencia del juicio que llega a los cinco meses de duración, donde Luis Aníbal Ribadeneira declaró en carácter de testigo por lo sufrido en la Unidad 9 desde su llegada a mediados de 1976. Además de destacar la muerte de su compañero de celda Ibáñez, dijo que Zabala “era de los que más torturaban y golpeaban” por haber trabajado para las fuerzas policiales.

 Como en cada comienzo de declaración, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número I de La Plata presidido por el Juez Rosansky le preguntó al testigo los pasos previos hasta llegar a la Unidad y las condiciones que le tocó vivir dentro del penal. Ribadeneira pasó por Prefectura Puerto La Plata, 1 y 60, y cuando quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) lo llevaron a la Unidad 9 entre mayo y junio de ese año, según aclaró, aunque en el Juicio Por la Verdad en 2005 había mencionado entre Agosto y Septiembre.

 Ante la presencia de unas cincuenta personas en la sala de calle 4 entre 51 y 53, el testigo refirió el momento de la llegada a la Unidad:Fue como la de todos. La entrada con los empleados de la unidad y la recepción que consistía en una seguidilla de golpes e insultos”.

 Luego se tomó unos segundos y disparó: “El quiebre de estar mal a estar peor se produce el 13 de diciembre. Se decía que por el día del petróleo el Teniente Videla iba a visitar La Plata. Nos abrieron las puertas a la madrugada, nos hicieron salir desnudos bajo una seguidilla de golpes con palos a recorrer todo el penal”.

 Una particularidad que se pudo escuchar en el relato fue que la víctima tiene un apellido similar al del imputado Rebaynera, aspecto que llevaba a que el oficial que apodaban “el nazi” lo tildara como “tocayo”, en los momentos que le pegaba en las celdas de castigo. El testigo recordó que estuvo entre 9 y 10 meses entre los calabozos: “Un día no me pude afeitar y fui  cinco días al calabozo, que era tortura. Es decir un lugar donde había ocho calabozos de ambos lados con duchas previas. Llegaban, te desnudaban, te hacían abrir el agua fría con un chorro fuerte y a enjabonarse mientras empezaba la sesión de golpizas”, recordó.

 Era tal el entrenamiento de las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad que según la declaración de Ribadeneira y en consonancia con decenas de testimonios pasados, los lugares de golpiza eran estratégicos para que no queden secuelas pero que el daño se concrete, como por ejemplo en el rostro. “Así desnudo lo mandaban al calabozo, un lugar de dos metros por tres con una letrina y un banco de cemento”, completó.

 Con respecto a los médicos, mencionó que normalmente el médico iba todas las mañanas, miraba por la mirilla y preguntaba como estaba, pero que solo era una “formalidad”. Incluso contó una situación que soportó cuando tuvo una infección en un párpado. “El médico y me dijo que no tenían elementos. Me hizo una incisión y me quedó uno más bajo que otro. Uno los pedía cuando estaba muy mal o cuando quería salir de la celda”, sentenció.

 Sobre las condiciones dentro de la unidad también indicó que en invierno todos los días se bañaban con agua fría y destacó el caso de su compañero de celda Marcos Ibáñez. “Estoy absolutamente seguro que lo mataron en un calabozo. Había sido sancionado cuando salimos al patio y no lo vi nunca más. Siempre me decía que iba a estar complicado por pertenecer a Montoneros”, arguyó Ribadeneira.

 Otro de los aspectos que argumentó el testigo tiene que ver con que “una de las características de Unidad 9 era que siempre se podía estar un poco peor”.

 Según explicó, una noche lo desnudaron, lo tiraron al piso, le empezaron a pegar en la planta de los pies con una tablita de madera, mientras lo agarraban de las extremidades. “Fue muy doloroso”, mencionó y agregó que estuvo mucho más tiempo en el calabozo porque no podía caminar. “Me dejaron más tiempo hasta que bajó la hinchazón de los pies” concluyó.

 En relación a los imputados se acordó del “Nazi” Rebaynera  como alguien delgado, alto y rubión (aunque le mostraron en 2005 fotos en el marco del Juicio por la Verdad), y de Basualdo como una persona de más de treinta años en aquella época, más baja, morocha y robusta.

 El testigo trabajaba en una siderurgia cuando lo detuvieron. Recordó además que lo interrogó un militar conocido (testigos anteriores han dicho que era Sanchez Toranzo) luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que “se creían los dueños” de su vida porque pasaban de la pasividad a la tensión de un momento a otro.  

Pasadas las 15 horas se reanudó la audiencia a la espera de que Jorge Luis Peratta prestara declaración indagatoria. El imputado aseguró “no sentirse bien “y que prefería hacerlo en la audiencia de mañana.

La razón que utilizó fue que su estado de salud es delicado producto de la huelga de hambre que viene sosteniendo desde hace ya dos semanas. Por ello,  solicitó  que lo atendiera un médico y aseguró que mañana estará en mejores condiciones de sentarse frente al Tribunal.

 Abel David Dupuy quien fuera director de la Unidad 9 a partir del día 13 de diciembre de 1976, fue llamado por el Tribunal a efectos de prestar declaración. De traje gris y con muchos papeles en mano como ayuda memoria, inició su relato contando como fue su llegada al penal: “Para el día 12 de diciembre de 1976 yo me encontraba trabajando en la Unidad 5 de Mercedes, en ese entonces también estaban Vega y Ríos trabajando”, dijo el imputado y agregó que ese día le notifican que debía presentarse en la Jefatura de Servicio Correccional de La Plata.

 Al día siguiente,  se encontró con el  Coronel Gulliensi, jefe de Servicio Correccional, quien lo designó como director de la Unidad 9 de La Plata. “Tanto la Unidad 9 como el Penal 2 de Sierra Chica pasaron a estar a la disposición del ejercito”, sostuvo el imputado.

 Para Dupuy el penal estaba estrictamente baja la dirección militar, correspondiente al área de operaciones 113: “estábamos bajo la esfera militar”, arguyó y afirmó que cualquier orden la imponía el ejército.

Respecto a asunción, Dupuy afirmó que el entonces subdirector Torcha lo puso al tanto de que la mañana anterior habían requisado la totalidad de la Unidad. Esto deja de manifiesto que, según el imputado, no estuvo presente el día que se produjo la brutal requisa del 13 de diciembre de 1976.

 Respecto a la organización del penal, afirmó que  había presencia militar dentro y fuera como así también,  personal del servicio penitenciario quienes custodiaban los alrededores de la Unidad.  

Hasta ese momento, según Dupuy, había solo un pabellón de presos políticos. Luego de su llegada, empezaron a  ingresar muchos detenidos políticos: “Todo tipo de detenidos, de derecha, izquierda, gremialista, había una mezcolanza”, sostuvo el imputado agregando que luego hubo una organización para “mantener la paz interna y luego trabajar con los internos”.

 Refiriéndose a los egresos, dijo que las libertades estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), del Consejo de Guerra, o de los jueces: “nosotros éramos los últimos en tomar conocimiento”.

En relación a ello, hizo mención al caso Carranza, Segalli y Domínguez del cual se enteró porque  “sintió gritos alrededor del penal”.

”Ordené que saliera personal  armado  para  verificar que había pasado. No me extrañaron los gritos, era frecuente que se escucharan ya que detrás del penal se encuentra el barrio Monasterio”, fue el argumento del imputado.

Asimismo, sostuvo que al otro día a la familia de Domínguez le mostró el libro donde decía que había salido en libertad, que debido a los gritos mandó una patrulla y “que no pudo encontrar nada”.

 El imputado se refirió  también a los casos de  Crea,  Georgiadis y Urien. “De Georgiadis y de Urien vino la documentación legal y llegó un militar con un cargo mayor  y  en mi presencia no los encapucharon”, dijo Dupuy en relación a la salida de los internos de la Unidad.

 “A la tarde vino el hermano de Urien  a preguntar por el hermano y le dije que lo habían trasladado al Regimiento 7, luego vinieron a buscarlo a Rapaport .Yo les informo que había salido  de la Unidad como corresponde”, manifestó.

Dupuy sostuvo que tomó conocimiento de que :“Georgiadis y  Rapaport se auto infringieron heridas en el regimiento 7”. También dijo que se enteró “extraoficialmente de las muertes de Dardo Cabo y  Rufino Pirles.” “Fue lo que salió en los diarios, la cámara Federal  dice que salieron a las 20 horas en verano, el contacto  con los militares no era fluido y   no me informaban  de nada”.

En relación al papel de los penitenciarios, arguyó no creer que los oficiales les pegaran a los internos,  y  dijo  que ver un inodoro a la turca para el “estaba bueno” porque en otros penales esto no existía y debían hacer sus necesidades en unos tachos individuales.

 Ante la pregunta sobre Pinto el imputado Dupuy recordó que un domingo de noviembre le comunicaron   sobre un interno que  habían sacado de la celda de  aislamiento :“yo lo vi  golpeado con moretones, con golpes “ dijo y afirmó  que le dio el respaldo al cuerpo médico para que actuara como correspondía .

Fernández se llenó de contradicciones y quedó mal parado para los alegatos

No pudo precisar gran parte de sus acciones en la unidad 9 ya que sus ideas cambiaban con el pasar de los minutos en la indagatoria ante el Tribunal. Además el médico Jurío decidió ampliar su declaración y comparó a la muerte de Pinto con la de Favaloro por el dolor “que le causó”

POR SECRETARÍA DE PRENSA

APDH LA PLATA

(6SEPTIEMBRE2010) Ramón Fernández es uno de los catorce imputados sobre lo que sucedió en dictadura en la Unidad 9 platense y dio argumentos que se contradijeron para sí mismo y con respecto al centenar de testimonios que pasaron desde abril.

Para los detenidos, “el manchado”. Para los allegados, el “mencho”, en una persona que estuvo desde abril de 1977 hasta diciembre de 1978 en su labor de penitenciario en esa unidad.

Como punto de base el imputado aclaró que nunca quemó ningún legajo de detenidos ni robó ningún expediente en el penal pese a lo que se decía en los diarios.

A partir de entonces dejó en claro que el planteo realizado en el juicio es la palabra de “ellos” (por los testimonios) contra “la mía”, por lo que comenzó a nombrar a diversos detenidos como Andenmatten o Elizalde y esgrimió refutaciones a los dicho en audiencias pasadas. “Trato de explicar humildemente con los términos que tengo y que puedo. Hice 30 años de servicio, me jubilé y a los cuatro meses me meten preso, cuando en aquella época tenía meses dentro de la unidad”, dijo Fernández.

Momento después comenzaron las contradicciones, ya que aclaró en primera instancia que nadie le decía manchado en el penal, pero sus punteos rechazados de lo que dijieron testimonios los hizo sobre todas las personas que recordaban ese apodo. “¿Si dice que no es el machado Fernández que sentido tiene que me explique eso? Usted asume entonces que es el manchado”, le dijo el Juez Rosansky.

Luego, el imputado explayó que no tuvo problemas con ningún detenido. “Le digo más. Imagínese a un oficial que comienza a trabajar con esta gente, yo era joven y tenía mis recaudos. No era gente conflictiva, para nada”, agregó. Sin embargo las palabras de los testigos indicaron que era de los policías que “mas pegaba” (Ver audiencias anteriores).

Pasaron unos minutos de menciones, y ante las preguntas comprometidas de la querella, el imputado apeló a que “pasaron 30 años y es difícil de acordarse algunas cosas”.

Con respecto a las sanciones, Fernández dijo que no eran por tener un botón desabrochado pero había cuestiones de higiene que se tenían que cumplir como afeitarse y estar limpio. Los motivos eran por el contrario “una disputa entre internos, por contestar mal o por no tener la celda en condiciones”, en otro aspecto contradictorio ya que antes había dicho que en aquellos años no había visto peleas entre los detenidos.

Además de negar la influencia de las fuerzas militares sobre la Unidad 9, el imputado indicó que no se deben llamar celdas de castigo sino “pabellón de sancionados”, a los lugares donde los detenidos iban ante una mala conducta.

Hay otras cuestiones que se hicieron valer de contradicciones en el imputado, ya que en un momento comparó las condiciones de la celda de “castigo” de la Unidad 9 con las de la unidad penal de Marcos Paz donde se halla actualmente, y dijo que las duchas estaban calientes todo el año. Aspecto contrario ya que luego de unos minutos confesó que había solamente “agua fría” en las celdas. Sobre el caso Pinto surgió otra contradicción.

Al principio dijo que no lo conocía hasta las lecturas de los expedientes de la causa. Luego mencionó que lo vio, lo metió al calabozo, que colaboró “para que no se auto golpeara” debido a su condición de epiléptico y que declaró en el sumario administrativo de la muerte de Pinto.

Un médico que gritó en su declaración

Carlos Domingo Jurío declaró semanas atrás pero al ver que se le amplió la carátula pedida por el Fiscal Molina decidió hablar nuevamente ante el Tribunal y comenzó con un monólogo de media hora donde llegó a quebrarse y gritar fervientemente que su colega Favole nunca “arrugó” en su labor.

“Me gustaría darle la mano a Moisés Pinto (Hermano del fallecido Alberto y querellante que no estaba en la sala) porque su muerte me dolió tanto como el suicidio de Favaloro. Me lamento cada muerte de un paciente” dijo el imputado, quién repitió esa frase en reiteradas oportunidades y aclaró que no es para hacer una “parodia”.

Se veía a una persona tranquila y de tono cauto ante los presentes, pero luego de unos minutos comenzó a sentirse nervioso y disparó: “el médico debe estar del lado de la vida, jamás del lado de la muerte. Tengo mi mujer que es médica, tengo 5 hijos de los cuales 3 son médicos. Es mi orgullo, mi honor, y nadie me va a hacer callar eso”.

Las dudas sobre la veracidad de su declaración comenzaron a surgir cuando el médico se refirió a Moisés Pinto y dijo: “debe ser un dolor muy grande que te maten (sic) a un hermano, como el dolor de una madre que pierde a su hijo”.

Jurío continuó deslizando su versión sobre el caso del detenido Pinto, y argumentó que a 34 años haría exactamente lo mismo desde el punto de vista médico, y qué “Si hubiera sabido lo que iba a pasar, me lo hubiera llevado tan solo para salvarle la vida” ya que “Hay una configuración de continuidades y tienen que hablar los demás protagonistas”. A modo de advertencia y previo a un cuarto intermedio, el imputado sentenció: “Todos somos mortales, todo es cuestión de tiempo. Pero en el devenir del tiempo no existimos nosotros. Tratemos de que exista el género humano en los próximos tiempos”.

En otro de los pasajes el imputado no dio alternativas a las suspicacias y de tono soberbio y tenaz esgrimió: “Solo digo la verdad, tan solo la verdad y toda la verdad que Jurío sabe sobre el paciente Pinto. Me considero como lo he sido siempre, un instrumento de la justicia, y mi causa es la causa del género humano, con profunda emoción, porque en mi vida me ha tocado compadecer ante otra cosa como para ayudar a esclarecer. Pido disculpas por si la verdad ofende y lastima, pero la verdad es el camino más recto, más corto”.

Vale destacar que este es el informe realizado sobre la primer declaración del médico Carlos Domingo Jurío el 9 de agosto pasado ante el Tribunal. https://juiciounidad9.wordpress.com/2010/08/09/pedido-de-detencion-para-los-medicos/ 

Según pudo averiguar este medio, los alegatos de los abogados están previstos para fin de este mes, en la última etapa del juicio que comenzó en abril.